El Gobierno Nacional derogó un decreto clave y puso punto final a la emergencia en tierras indígenas. De esta manera, se podrán agilizar los operativos de desalojo que haya sobre territorios que estén en disputa y en conflicto con agrupaciones representantes de los pueblos originarios.
Cabe recordar que en el 2006 se aprobó una ley de reparación hacia los pueblos originarios y que instrumentó un relevamiento para regularizar las tierras que ocupaba cada comunidad indígena.
Ahora el gobierno de Javier Milei dictó el Decreto 1083/2024 que derogó la Ley Nº 26.160 y el Decreto Nº 805, del 17 de noviembre de 2021, que extendía la emergencia hasta noviembre del 2025.
Entre los considerandos, el Ejecutivo señaló que esta suspensión lleva 18 años donde se “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”.
“La Ley N° 26.160 y la prórroga excesiva de la emergencia, ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”, indicó.
En el segundo artículo de la mencionada ley, se habían suspendido los desalojos de las tierras ocupadas por estas comunidades desde el 2006.
Mariela LLanquinao, representante de la Liga de Derechos Humanos, señaló sobre esta medida que “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión».
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