Chubut: Piden que la información pública del juicio por la causa “Ñoquis Calientes” sea “acotada”

El tribunal y las partes del juicio oral en la causa “Noquis Calientes” pidieron a la prensa que sigue el debate, que la información pública sobre los dichos de los testigos “sea acotada”.

En el mediodía de ayer desde la ciudad de Esquel y por el sistema de videoconferencia declararon varios testigos en función de la teoría del caso de los acusadores. Se trata de testigos que dieron cuenta con documentación que la imputada Cañumil era niñera de los hijos de Torres Otarola cuando a la vez hacía de secretaria privada de la exfuncionaria, tal la hipótesis de los acusadores.

También declaró Francisco Mazardi, exesposo de Torres Otarola y padre de los tres hijos de la exdiputada provincial y exministra de familia. En función de cuestiones privadas posibles de ventilarse en la audiencia “y para que el Tribunal tenga la mayor libertad para resolver sobre el caso” -así lo justificó la jueza Marcela Pérez Bogado que preside el debate- se pidió a la prensa que sigue el juicio oral y público “que la información sea acotada”.

En la misma línea, el fiscal general Omar Rodríguez afirmó que en lo que va del transcurso del debate no ha realizado declaraciones públicas.

TESTIGOS

Por la mañana declararon empleados administrativos de la Legislatura del Chubut que con sus dichos ratificaron informes y declaraciones realizadas en la investigación a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que investigó el caso.

Fernanda Barboni, es empleada de la Legislatura del Chubut y dio cuenta de las resoluciones en donde se designan a los asesores de la entonces diputada provincial. También declaró Nélida Vargas, de la Dirección de Administración de la Legislatura del Chubut, que se refirió a los mismos aspectos formales y reglamentarios respecto de las resoluciones y designaciones de cargos en la Legislatura del Chubut. Asimismo, declaró Paula Mingo, también empleada de carrera de la Legislatura del Chubut que también ratificó ante el Tribunal la información que durante la investigación se le solicitó durante la investigación.

Mingo, se refirió a las contrataciones, montos, los términos del contrato, las obligaciones a cumplir por los contratados y los controles del cumplimiento de las tareas que, en este caso, debió realizar Torres Otarola. También hizo alusión a la conformidad de las facturas para que se efectivicen los pagos por los servicios realizados. Por su parte, Romina James, empleada también de la Tesorería de la Legislatura del Chubut, dio cuenta de aspectos similares respecto del pago de los contratos a los imputados, números de cuentas bancarias a las que se transferían los sueldos, entidades bancarias, además de los montos depositados. También aporto su testimonio Edgardo Llamazares junto a Beatove Lorena via webex.

También declaró Manuel Chasco, con largos años de actividad como empleado legislativo, jubilado en el año 2015 y actualmente con funciones en carácter de contratado en la casa de las leyes.  Se refirió al manejo de los gastos de bloque y cómo se otorgaba a cada diputado. Afirmó que en general los gastos se usaban por cada legislador a manera de acción social, sin obligación o necesidad de ser rendidos. 

Otro de los testigos de la mañana, en la segunda jornada del debate, fue Martín Sterner, también testigo de la hipótesis fiscal de los investigadores encabezados por el fiscal general Rodríguez. Con funciones administrativas similares a los anteriores testigos, reconoció las facturas que se conformaron, montos y firmas para el pago de los contratos a los asesores imputados.

La investigación

Los acusadores deberán demostrar en el juicio que Torres Otarola habría obligado el retorno de parte de los sueldos de los empleados que ella misma habría ayudado a ingresar en carácter de asesores en la Legislatura provincial. En su gestión como Ministra de la Familia, también habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que no vivían en la zona (en general residían en la Capital Federal) ni realizaban tareas o contraprestación para el Estado provincial. Por ello, la investigación se comenzó a identificar en los medios de comunicación como “Ñoquis Calientes”.

La acusación es ejercida por el Fiscal General Omar Rodríguez, en compañía de la fiscal Analía Acuña, mientras que la defensa técnica de los imputados está a cargo del abogado Romano Cominetti y de la abogada Florencia Barba. El tribunal presidido por la jueza Marcela Pérez Bogado e integrado por los jueces penales Carlos Richieri y José Luis Ennis.