Río Negro: La empresa israelí Mekorot terminará a fines de mayo su consultoría por el agua en la provincia

El contrato de consultoría de la Agencia Nacional de Agua de Israel (Mekorot Israel National Water Co. Ltd.) en Río Negro tiene prevista su finalización el 31 de mayo y se encuentra en plena tarea con el análisis de medidas para la autoridad regulatoria, la evaluación de la desalinización y el aprovechamiento de recursos de los efluentes como parte del Plan Maestro Hídrico de la provincia.

La compañía israelí fue contratada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que realiza el financiamiento valuado en un millón de dólares (1,5 millones con impuestos y gravámenes), para que Río Negro y otras seis provincias desarrollen sus planes maestros para la gestión de los recursos hídricos.

El convenio generó polémica y motivó a fines de marzo una denuncia penal (ver aparte) contra la exgobernadora Arabela Carreras por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, al firmar ese acuerdo sin autorización legislativa, en 2023.

Se consultó al gobierno provincial y al CFI por el estado actual del trabajo de consultoría de la compañía israelí y también por la demanda penal, pero ninguno quiso referirse al segundo punto, mientras que sí respondieron los aspectos técnicos vinculados al convenio.

El contrato original tenía un plazo de 18 meses que se superó ampliamente, pero el Gobierno puso fecha de conclusión de los trabajos de consultoría de Mekorot para fines del próximo mes y puntualizó que ya se concluyó con las dos primeras etapas del plan que consistían en el análisis de la situación actual de los recursos hídricos y proyecciones de oferta y demanda del agua, contemplando el cambio climático.

El CFI acotó que “a través de sus equipos técnicos, realiza el seguimiento de todos los trabajos de consultoría” y aclaró que esta tarea “no supone una cesión de derechos sobre los recursos hídricos ni sobre la propiedad intelectual de los estudios resultantes, que son propiedad del CFI y están a disposición de las provincias”.

La administración de Alberto Weretilneck aseguró que una vez que finalice el estudio “se realizará la presentación de sus conclusiones más importantes” y que los estudios “serán públicos de libre disponibilidad”, refutando así cuestionamientos respecto del libre acceso a la información y confidencialidad. Se aclaró que, con los documentos finales en mano, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) “los utilizará para avanzar con las recomendaciones, conclusiones y propuestas que surgirán de estos estudios”.

Según detalló el Gobierno, “el DPA elaboró los términos de referencia del estudio que fueron consensuados con el CFI y desde el inicio de la consultoría, la provincia acompaña la ejecución de la misma por medio de sus organismos técnicos vinculados a los temas que los competen en cada caso”.

El CFI remarcó que las propuestas que defina la empresa israelí “contemplan acciones concretas como el diseño de obras de infraestructura (cuya licitación no está considerada en este acuerdo) que optimicen la gestión del agua para el consumo, para actividades productivas y para su almacenamiento en épocas de excedente hídrico, además de la identificación de programas de financiamiento para su concreción”.

En la misma línea, el Gobierno considera que el estudio posibilitará “definir las líneas de trabajo, tendientes a fortalecer la independencia hídrica”.

Consultado por los aportes que traerá este convenio, desde Provincia se remarcó: “El estudio servirá, entre otras cosas, para la planificación de la disponibilidad y las demandas de los recursos hídricos provinciales con un horizonte de trabajo al año 2050”.

Las tareas hoy
 
Los técnicos de Mekorot tienen en la hoja de ruta siete etapas, de las cuáles las dos iniciales se terminaron y se entregaron los informes referidos al análisis de situación actual de los recursos hídricos y proyecciones de la oferta y demanda del agua.

Actualmente se trabaja sobre las etapas 3 a 7 de manera simultánea.

La etapa 3 consiste en analizar, evaluar y proponer medidas superadoras como autoridad reguladora de agua potable y saneamiento; la 4 prevé la evaluación de la necesidad de desalinización de agua y las alternativas técnicas existentes para la Zona Atlántica, un tema que ya ha sido abordado años atrás, durante el gobierno del radical Miguel Saiz, por impulso de la misma empresa israelí Mekorot mediante una iniciativa privada presentada en el año 2009.

La etapa 5 busca analizar, planificar y optimizar a nivel provincial el recurso de efluentes generados en las plantas de tratamiento. Una señal de esta instancia es que en marzo una misión visitó la planta de tratamiento de Bariloche.

En la etapa 6 se prevé la modernización del canal Pomona- San Antonio Oeste y la instancia final (etapa 7) es la “evaluación técnica-económica del valor económico del agua”.

Según indicó el Gobierno, los pagos realizados por la provincia solo se vinculan con los traslados y alojamiento de personal técnico perteneciente a organismos provinciales, que realizan visitas técnicas vinculadas al convenio.

Una denuncia en “investigación preliminar” en la fiscalía
 
La fiscalía a cargo del fiscal Guillermo Ortiz de Viedma está abocada a la investigación preliminar de la denuncia penal presentada el 27 de marzo por las legisladoras del bloque Vamos con Todos Magdalena Odarda y Ayelén Spósito.

La demanda apunta a que se investigue si la exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y cualquier otro funcionario que haya intervenido, incurrió en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el convenio firmado en febrero de 2023 entre la Provincia y la Agencia Nacional de Agua de Israel (Mekorot Israel National Water Co. Ltd.).

Desde el ministerio público fiscal informaron que por el momento el expediente se encuentra en la fase de “investigación preliminar” y no se abundó si se avanzó en solicitar documentación oficial u otros registros para analizar el caso.

Las legisladoras cuestionan que el convenio se firmó sin la intervención del Departamento Provincial de Aguas ni la aprobación de la Legislatura de Río Negro, lo que consideran una “violación grave a la Constitución Provincial” por “entregar” a una empresa extranjera “la posibilidad de investigar, proyectar y proponer” medidas sobre los recursos hídricos provinciales.

Por la vía política, las legisladoras habían presentado en agosto del año pasado un proyecto de derogación del convenio firmado por la exgobernadora, que está en plena vigencia y en el último tramo de ejecución, según los plazos informados por la Provincia a este diario.

La iniciativa, que habla de condiciones “altamente controvertidas”, malos antecedentes de Mekorot y “peligro inminente para la soberanía provincial”, no tuvo eco en la Legislatura.

De Fernández a Milei, un vínculo que se mantiene
 
Durante el gobierno de Alberto Fernández en Argentina se impulsó un acercamiento a la compañía estatal de agua israelí Mekorot. En abril de 2022 el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, encabezó una comitiva oficial con funcionarios nacionales, que incluyó otros dos ministros, el presidente del CFI, Ignacio Lamothe, y siete gobernadores entre ellos la rionegrina Arabela Carreras.

Argentina presentó ese viaje a Israel como parte de una misión técnica de cooperación científico tecnológica en el manejo del agua.

Ese vínculo a nivel nacional fue fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, quienes señalaron que el Estado de Israel restringe el acceso al agua de la población palestina desde 1967 y la empresa Mekorot fue apuntada por Nacionales Unidas “como una de las empresas que es cómplice de violaciones a los derechos humanos”.

El gobierno nacional promovió acuerdos de cooperación de Mekorot con siete provincias y el vínculo lo continuó la actual administración de Javier Milei que envió a la excanciller Diana Mondino en febrero de 2024 a Tel Aviv donde se reunió con directivos de la compañía.

Los objetivos del contrato
 
Análisis de la situación actual del sector del agua.
Proyecciones de la demanda del sector en la provincia y la oferta de recursos hídricos, ambos considerando la influencia del cambio climático.
Evaluación y propuesta de autoridad de regulación de servicios de agua potable y saneamiento.
Evaluación de la necesidad de la desalinización de agua para la Zona Atlántica.
Planificación, optimización y acompañamiento a nivel provincial del reúso de los efluentes generados en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales.
Evaluación integral para la modernización del canal Pomona – San Antonio Oeste.