Tierra del Fuego: los números que pone en riesgo el nuevo régimen industrial

El gobierno de Javier Milei a través del decreto 333/25 oficializó lo que el vocero Manuel Adorni había anunciado en plena campaña electoral: la baja para los aranceles a la importación de celulares, televisores, equipos de aire acondicionado y diversos productos electrónicos con fuerte impacto en el consumo de la clase media y del electorado libertario. También anunció la baja de los impuestos internos para los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego.

Es en ese marco que la provincia gobernada por Gustavo Melella se puso inmediatamente en alerta, tanto desde el sector gremial como de las empresas radicadas en el territorio más austral del país, para defender los puestos de trabajo y la economía de la isla.

Según estimaciones, hay actualmente 6.700 puestos de trabajo en Tierra del Fuego vinculados a la industria electrónica. Si suman los puestos de trabajo industrial vinculados a otros rubros como la industria plástica, se llega a los 8.500 empleos.

Hace apenas una década, en 2015, a finales del segundo mandato de Cristina Kirchner (lo que en la isla denominan la “época de oro” de la industria fueguina) llegó a haber 16.500 puestos de trabajo. En una década, se perdieron 10 mil empleos.

“He decidido convocar a los representantes de los trabajadores del sector industrial y a los empresarios de Tierra del Fuego para este jueves 22, con el objetivo de avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a nuestra industria”, lanzó el Melella en sus redes el pasado 20 de mayo, el mismo día en el que fue publicado el decreto que podría herir de muerte a la industria fueguina.

El régimen industrial de Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640 data de la década de los 70. En la isla reconocen que la producción industrial insume dólares, pero también señalan la importancia estratégica y demográfica de poblar la región más austral del país.

De hecho, en el entorno del gobernador destacaron ante PERFIL publicaciones periodísticas chilenas, en las que hay voces del país vecino que reclaman un régimen industrial similar para la parte chilena de la isla.

Según las cifras, del lado argentino hay más de 200 mil habitantes. Del lado chileno, la cifra apenas supera los 8 mil. Un contraste que da muestra del éxito que tuvo la Ley 19.640 para poblar la provincia que es bicontinental, y que es la llave de acceso a la Antártida.

Además, algunas voces de la isla señalaron ante este medio que las críticas que recaen sobre el régimen fueguino no contemplan otros aspectos, como la comercialización en el continente. Según explican, un celular sale de fábrica con un costo de US$ 980, mientras que se comercializa en el resto del país en torno a los US$ 1.800 o US$ 1.900.

Milei tuvo posiciones zigzagueantes respecto del régimen. Cuando era candidato quería eliminarlo. Luego revirtió la posición y llegó a asegurar que el régimen fueguino debería ser extendido a todo el país. En medio de la campaña electoral porteña, la Casa Rosada sorprendió con un anuncio que puso en alerta a trabajadores, empresarios y autoridades.

Al golpe que implica el decreto 333/25 para la provincia sureña se suman las reiteradas visitas de los jefes del Comando Sur a Ushuaia. El año pasado fue la general Laura Richardson quien contó con la presencia del presidente argentino.

Este año fue el almirante Alvin Holsey, cuya visita al sur tuvo una menor estridencia. Con todo, hay una creencia en la isla de que EE.UU. podría ayudar significativamente a la construcción de una base naval, lo que sumado a una eventual caída de la demografía, podría implicar un retroceso en materia de soberanía. 

Acuerdo y fin del paro

Los trabajadores de la industria fueguina nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lograron un acuerdo con las empresas y levantaron el paro habían declarado días atrás, luego de que el gobierno nacional publicase el decreto 333/25.

El decreto establece la baja de aranceles para productos importados que se producen en la isla. Es por eso que rápidamente se encendieron las alarmas.

Los gremios levantaron la medida de fuerza luego de que alcanzasen un acuerdo de estabilidad laboral hasta fin de año, lo que implica que las empresas no realizarán despidos al menos durante el 2025. El convenio vencerá el próximo 30 de diciembre.

Según trascendió, el acuerdo habría sido alcanzado por el gremio y las empresas radicadas en Tierra del Fuego. El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado destacando el acuerdo alcanzado y la “paz social” que se comprometen a mantener.

Además, se estableció la creación de una comisión integrada por empresas, UOM, Asimra y Afarte, además de los gobiernos nacional y provincial para monitorear el estado de situación.