La Pámpa: Tensiones y cruces en torno al funcionamiento del Centro Territorial de Género en Santa Rosa

ATE denunció precarización, pero la Municipalidad y la Provincia se reparten responsabilidades y defienden su labor.

La situación del equipo técnico que trabaja en el Centro Territorial Integral de Políticas de Género en Santa Rosa volvió a encender el debate público entre el gremio ATE, autoridades municipales y provinciales. Las diferencias giran en torno a las condiciones laborales, la articulación institucional y las responsabilidades sobre la gestión de un área clave en el abordaje de las violencias por motivos de género.

Desde el gremio ATE exigieron hace dos semanas la apertura de una paritaria sectorial para las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del municipio. Denunciaron "precarización, violencia institucional e invisibilización", y señalaron que el área mantiene cerradas sus negociaciones salariales desde hace más de cuatro años.

"Este hecho no solo constituye un incumplimiento legal, sino una muestra clara de desprecio institucional hacia una dirección fundamental para el acompañamiento de las violencias", expresaron en un comunicado. Además, criticaron la falta de recursos y protección institucional para el equipo que, desde 2023, trabaja dentro del CTI, describiendo que la mayoría son madres solteras con sueldos por debajo de la línea de pobreza.

En respuesta, la directora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, Paula Inchaurraga, aclaró que el conflicto "no existe hace cuatro años" y sostuvo que parte de las demandas corresponden a la órbita provincial. "No puedo trabajar con el equipo técnico municipal que está en el Centro Territorial Integral. Eso fue parte de un acuerdo firmado entre ATE, el municipio y la provincia", argumentó en Radiokermés.

Además, la funcionaria cuestionó que el petitorio no fue firmado por organizaciones feministas sino por gremios. "La Dirección sigue funcionando y atendimos a más de 1500 personas. Incluso abrimos un nuevo espacio en el centro de la ciudad para abordajes y talleres", agregó.

Desde el Centro Territorial, la coordinadora Silvana Abraham -funcionaria de la Provincia- sostuvo que las trabajadoras siguen dependiendo administrativamente del municipio, pero que la coordinación del trabajo diario es responsabilidad provincial. "Hay un convenio firmado entre Provincia y Municipalidad que establece que los salarios y cuestiones administrativas siguen a cargo del municipio, mientras que la coordinación de tareas está bajo nuestra órbita", explicó en Kermés A su vez, aseguró que han mantenido reuniones frecuentes con autoridades municipales y destacó el compromiso del equipo con la atención a mujeres y diversidades.

Mientras las responsabilidades se disputan y los señalamientos cruzados continúan, el telón de fondo es más amplio: la reciente eliminación de 13 programas nacionales de género por parte del gobierno de Javier Milei, que impacta de lleno en los recursos y estrategias para abordar las violencias. Tanto Inchaurraga como Abraham alertaron sobre los efectos del recorte y la necesidad de sostener políticas públicas activas en los territorios.