Tierra del Fuego: Vínculo inmobiliario entre jueces complica causa por pornografía infantil en Ushuaia

Una nueva polémica sacude al Poder Judicial de Tierra del Fuego. El fiscal mayor Fernando Ballestar Bidau denunció que el juez Alejandro Sergio Manuel Fernández debía haberse apartado de intervenir en una resolución que benefició a su socio comercial, el magistrado Andrés Leonelli, actualmente investigado por tenencia de material con contenido de pornografía infantil.

La denuncia inicial contra el juez Andrés Leonelli por tener 53 imágenes con contenido de pornografía infantil en su computadora personal se agrava con un nuevo hecho que pone en jaque la transparencia del proceso judicial. El fiscal Ballestar Bidau solicitó la nulidad de la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones el pasado 4 de julio, que frenó una pericia informática sobre un segundo teléfono celular secuestrado a Leonelli durante un allanamiento.

El pedido se fundamenta en un claro conflicto de intereses: uno de los jueces que firmó esa resolución, Alejandro Sergio Manuel Fernández, mantiene una sociedad comercial con Leonelli. El vínculo quedó evidenciado en un contrato de fideicomiso inmobiliario firmado en diciembre de 2022, en el cual ambos figuran como socios, junto a otros particulares, en un ambicioso emprendimiento edilicio en el centro de Ushuaia.

Según el Código de Procedimiento Penal, los jueces deben apartarse de cualquier causa en la que tengan vínculos personales o comerciales con las partes involucradas. Sin embargo, Fernández no se excusó y votó a favor de limitar la investigación contra Leonelli, quien es defendido por el abogado Gustavo Ariznabarreta, que además solicitó el cierre urgente del caso.

El proyecto inmobiliario en cuestión, denominado Fideicomiso Glaciares, contempla la construcción de un moderno edificio de siete pisos con 30 departamentos y locales comerciales, y se promociona como una "oportunidad única para inversores". La escritura pública revela que, además de Leonelli y Fernández, participa como socia Paula Jiménez, esposa de un juez jubilado.

Mientras el fiscal sostiene que todos los actos procesales desde la intervención de Fernández deben considerarse nulos, la Cámara de Apelaciones enfrenta ahora una crisis de legitimidad. Organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego aún no se han pronunciado al respecto, mientras crecen las sospechas sobre el encubrimiento judicial en una causa que involucra delitos graves y sensibles.