El gobierno argentino presentó ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York los argumentos para evitar entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital, tal como había dictaminado en primera instancia en septiembre de 2023 la jueza de la Corte del Distrito Sur, Loretta Preska.
Con este accionar, la Argentina tiene como objetivo suspender de forma definitiva y sin condiciones el fallo que obliga a pagar una indemnización que supera los US$16.000 millones más intereses. Ahora resta que se designe a los jueces de la Cámara y se fije la fecha de la audiencia oral, prevista para los próximos meses.
“La Argentina concluye su descargo de esta madrugada diciendo que si la Corte de Apelaciones no otorga la suspensión del fallo de la Juez Loretta Preska, acudirá de manera urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos para resolver este reclamo administrativo”, señaló en su cuenta de X Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
Anoche, la Procuración del Tesoro informó que “la República Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el 17 de julio, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge”.
En su presentación contra Eton Park, el Gobierno justificó la suspensión de la entrega de acciones al marcar que Estados Unidos “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero» y que, además, “contradicen lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos”. Esto tiene que ver con que las acciones de YPF se encuentran dentro del territorio argentino y no son utilizadas para actividades comerciales en Estados Unidos que puedan servir en base para la demanda.
“También vulnera principios de cortesía (comity) internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna», señaló la nota.
“Todas las alternativas pueden venir acompañadas de un compromiso de los tres jueces de ‘apurar’ los fallos en la apelación por la entrega de las acciones y en la apelación primaria (fallo de los USD16.100 millones)”, añadió Maril en X.
“Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”, explica el comunicado.
A su vez, afirma que los demandantes no demostraron que el país “no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende“. “La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si la Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación”, indica.
Según explicó Maril, se abren tres posibilidades para la continuidad del caso a partir de hoy. Una opción es que la Corte de Apelaciones podría definir que Argentina puede apelar sin necesidad de entregar acciones de YPF, pero devolver el caso a Preska para que ordene al país depositar una garantía que no sean las acciones de YPF.
La siguiente es que la Corte de Apelaciones rechazara el pedido de la Argentina de suspender el fallo que obliga al país entregar acciones YPF. Y la tercera es que la Corte de Apelaciones suspenda el fallo de la Preska y permita a la Argentina apelar sin necesidad de entregar las acciones de YPF.
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