El Gobierno Nacional deberá pagar una indemnización millonaria por el caso de "Concheto" Álvarez

El Gobierno Nacional afrontará el pago de 11 mil dólares a Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso "Álvarez vs. Argentina". La resolución, emitida el 24 de marzo de 2023 y notificada en noviembre de ese año, responsabilizó al Estado por violaciones a múltiples garantías judiciales y otorgó un plazo de un año para abonar la compensación.

El fallo de la CIDH concluyó que el Estado argentino vulneró artículos esenciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa técnica eficaz y el tiempo adecuado para preparar la defensa. Según el tribunal, también se impidió a la defensa interrogar a testigos en el proceso judicial, por lo que la indemnización se fijó en mil dólares por daño material y 10 mil dólares por daño inmaterial, montos establecidos "en equidad" y que serán abonados con fondos del Gobierno Nacional de la Jurisdicción 91.

Los países están obligados a cumplir sentencias definitivas e inapelables dictadas por la Corte Interamericana. El decreto remarca que este pago, aunque polémico por el historial criminal del beneficiario, es una exigencia derivada del Pacto de San José de Costa Rica, del cual Argentina es signataria. En la tramitación de este caso participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, junto a sus equipos jurídicos.

 Álvarez lleva más años dentro de la prisión que fuera en su vida.
El caso "Álvarez vs. Argentina" tiene origen en 1996, cuando Guillermo Antonio Álvarez, con apenas 18 años, lideró la banda conocida como "Los nenes del bien" y participó en varios delitos graves. Ese mismo año, protagonizó un hecho sangriento que incluyó el asesinato del hijo de un exministro, de una joven estudiante y de un policía. Condenado a prisión perpetua, Álvarez volvió a ser noticia al matar a otro interno en la cárcel, lo que le sumó 18 años a su pena. A pesar de ese historial, fue liberado en 2015, pero apenas tres meses después volvió a ser detenido por robo.

El cumplimiento de la sentencia internacional no implica una absolución ni reducción de penas previas, sino una compensación por irregularidades procesales ocurridas hace décadas. Para el Gobierno Nacional, la decisión representa una obligación jurídica que debe cumplirse para evitar sanciones internacionales y preservar la credibilidad del país en el ámbito diplomático.