Santa Cruz: La Justicia Federal confirmó el procesamiento de 14 funcionarios provinciales por la obra pública local: quiénes son

La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el procesamiento de 14 exfuncionarios provinciales de la Administración General de Vialidad (AGV) y de un representante técnico, acusados de participar en la maniobra de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

El fallo ratifica la resolución del juez Julián Ercolini, en el marco de una causa derivada del expediente principal conocido como "Vialidad", en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Quiénes son los procesados

Entre los acusados figuran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, todos ellos procesados como coautores del delito de fraude al Estado.

Además, José Carlos Pistán, representante técnico de varias empresas del grupo Báez, fue procesado como partícipe necesario del mismo delito.

Según la resolución judicial, los acusados incumplieron "de forma sistemática sus deberes de control, verificación y resguardo del interés público, lo que resultó fundamental para lograr el resultado criminal deseado".

Una estructura de corrupción sostenida

El tribunal señaló que las prácticas irregulares en la adjudicación de obras no fueron hechos aislados ni errores administrativos. "El hecho de que las mismas prácticas se reiteraran a lo largo del tiempo y en múltiples procedimientos refuerza la hipótesis de que fueron elementos funcionales de una estructura sostenida durante más de una década orientada al favorecimiento sistemático de un grupo empresario determinado", sostiene el fallo.

Los jueces remarcaron que los funcionarios provinciales tuvieron una "menor capacidad de daño" que los funcionarios nacionales involucrados en la causa principal, aunque su rol fue esencial en la ejecución regional del esquema de corrupción. Por esa razón, el embargo dispuesto sobre los acusados fue fijado en 8.000 millones de pesos.

Con esta decisión, la Cámara Federal deja firme la acusación contra los exfuncionarios provinciales, que ahora deberán enfrentar el proceso judicial por su presunta responsabilidad en una de las causas de corrupción más emblemáticas del país.