Conflicto institucional: El Gobierno apeló el fallo judicial que frena la reforma constitucional

Desde el Ejecutivo fueguino sostienen que la resolución de la jueza electoral contradice las leyes vigentes, pasa por alto un dictamen del Superior Tribunal de Justicia y vulnera el principio republicano de gobierno.

El Gobierno provincial presentó una contundente apelación contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que anuló el Decreto Nº 751/26, el cual convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. Desde la administración provincial advirtieron que la medida judicial carece de sustento jurídico y provoca un severo impacto institucional al paralizar un proceso democrático clave para el futuro de Tierra del Fuego.

El núcleo del reclamo oficial radica en que la jueza interina Electoral, Mariel Zanini, determinó la nulidad de la convocatoria basándose en una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la legislación nacional vigente establece expresamente que este tipo de recursos de queja no suspende el curso de los procesos en marcha.

Los argumentos del Ejecutivo: Respeto a las jerarquías

La apelación del Ejecutivo argumenta que el fallo electoral incurre en una grave contradicción y afecta la seguridad jurídica por tres razones fundamentales:

Firmeza del Superior Tribunal: El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya había resuelto la cuestión de fondo al convalidar la Ley Provincial Nº 1529, levantar la medida cautelar previa y ordenar la nueva convocatoria. Al haber rechazado posteriormente el Recurso Extraordinario Federal, el fallo del máximo tribunal ya gozaba de firmeza en el ámbito jurisdiccional local.

Inexistencia de restricciones: Al momento de firmarse el Decreto Nº 751/26, no pesaba sobre la provincia ninguna medida cautelar, suspensión judicial ni resolución de la Corte Suprema de la Nación que impidiera avanzar con el cronograma electoral.

Quiebre de la jurisprudencia: Por ley, las sentencias del STJ constituyen jurisprudencia obligatoria para los tribunales inferiores. Desde la perspectiva del Gobierno, que un juzgado de primera instancia revise e interprete una resolución del máximo órgano judicial altera el orden institucional y el sistema de jerarquías de la Constitución.

"Aceptar que una simple presentación de queja ante la Corte Suprema paralice automáticamente decisiones judiciales provinciales firmes pone en riesgo la estabilidad institucional y afecta la previsibilidad jurídica", sostienen los fundamentos del recurso.

Un escenario de incertidumbre a meses de las urnas

La resolución de la jueza Zanini llega en un momento crítico: a 30 días de haber sido notificado el decreto de convocatoria y con un proceso electoral ya iniciado que involucra el despliegue de diversas instituciones y poderes del Estado.

Para el Ejecutivo fueguino, la discusión actual excede la simple validez de un decreto técnico. Lo que está en juego —aseguran— es la capacidad de las instituciones de la provincia para desenvolver con normalidad un proceso democrático respaldado por una ley y por el máximo tribunal local.

Pedido de intervención urgente

Ante la gravedad del escenario y el riesgo de paralizar el derecho de la ciudadanía a elegir a sus convencionales constituyentes, el Gobierno solicitó que la Cámara de Apelaciones intervenga con carácter urgente.

El pedido formal exige revertir el fallo de primera instancia y garantizar la continuidad del calendario electoral, bajo el argumento de que la actual parálisis compromete principios esenciales como la autonomía provincial, la división de poderes, el sistema federal y el normal funcionamiento de la república.