Tierra del Fuego en la encrucijada hidrocarburífera: dos narrativas diametralmente opuestas chocan con vehemencia

El traspaso de las áreas maduras que YPF dejó en Tierra del Fuego para concentrar sus cañones en Vaca Muerta ha desatado una tormenta política, laboral y económica en la isla. Lo que el Gobierno provincial proyectó como una gesta de soberanía energética a través de la empresa estatal Terra Ignis, hoy se ha convertido en un encendido cruce de acusaciones que expone la fragilidad del principal motor extractivo de la provincia.

En el ojo de la tormenta, dos narrativas diametralmente opuestas chocan con vehemencia: la de la ministra de Energía (y exministra de Obras Públicas), Gabriela Castillo, quien defiende una transición operativa bajo control, y la del abogado Francisco “Paco” Giménez —representante legal de contratistas como Almar—, quien diagnostica un escenario "terminal" y de "colapso".

Para entender la dimensión del conflicto, es necesario desmenuzar los argumentos de ambos actores, donde la política, los intereses corporativos y la angustia de los trabajadores se entrelazan de manera compleja.

La postura crítica: El "caos" y las suspensiones según Francisco Giménez

El abogado Francisco "Paco" Giménez ha emergido como la voz más estridente en la denuncia de las irregularidades del traspaso operativo tras la salida de YPF. Sus argumentos se centran en un severo cuestionamiento a la alianza entre la estatal Terra Ignis y la operadora privada Velitec S.A. (adjudicataria de la operación en yacimientos clave como San Sebastián y Lago Fuego).

Falta de certificaciones y cadena de pagos: Giménez denuncia que Velitec funciona de manera deficiente, demorando la certificación de los trabajos a las pymes locales de servicios petroleros. Sin certificación no hay facturación; sin facturación, las empresas locales no cobran y, por ende, no pueden pagar salarios.

Impacto laboral directo: Sostiene que cerca de 200 trabajadores han quedado desvinculados o en un limbo laboral tras el cambio de manos de las áreas, denunciando suspensiones masivas sin goce de haberes. Su frustración escaló al punto de lanzar durísimas descalificaciones personales y políticas contra el gobernador Gustavo Melella en redes sociales.

Falta de transparencia: Califica el acuerdo de traspaso como un proceso "secreto" que arriesga el patrimonio provincial al asociarse con firmas de dudoso respaldo financiero.

La respuesta oficial: "Intencionalidad y defensa de intereses particulares"

Desde la vereda del Centro Cívico, la ministra Gabriela Castillo recogió el guante con dureza. La funcionaria no sólo rechazó el concepto de "colapso", sino que acusó a Giménez de responder a una agenda puramente corporativa destinada a sembrar el pánico para condicionar la transición laboral.

Ataque a la conducta empresarial: Castillo recordó que Almar (empresa que representa Giménez) abandonó las operaciones antes del vencimiento formal del contrato, retirando equipos, personal y elementos de protección del campo de manera irregular. "Es el mismo abogado que le manda los telegramas a los trabajadores para suspenderlos sin goce de haberes", retrucó la ministra, invirtiendo la carga de la culpa laboral.

Garantía de continuidad operativa: La ministra enfatizó que los principales yacimientos siguen produciendo crudo, inyectando gas al gasoducto Cruz del Sur y generando GLP (Gas Licuado de Petróleo).

El plan de absorción: Según el Ejecutivo, el proceso de traspaso incluye cláusulas de absorción del personal. Como muestra de reactivación, el Gobierno informó el inicio de exámenes preocupacionales para reincorporar a tandas de trabajadores de Almar a las nuevas contratistas.

Los datos duros: El verdadero declive de fondo

Más allá de la pirotecnia verbal y de las cartas documento cruzadas, los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación le dan un marco de cruda realidad al conflicto. La palabra "colapso" puede sonar extremista en boca de Giménez, pero los números demuestran que la actividad hidrocarburífera convencional en Tierra del Fuego arrastra una crisis estructural innegable desde hace dos décadas.

La realidad estadística del sector refleja una tendencia preocupante:

• Derrumbe del Petróleo: La producción anual de crudo en la provincia pasó de 1,6 millones de metros cúbicos ($m^3$) en el año 2001 a escasos 172 mil metros cúbicos en 2025. Esto representa una pérdida de actividad acumulada cercana al 90%.

• Caída del Gas: El gas, históricamente el fuerte de la cuenca fueguina, sufrió un revés similar. De superar los 4.800 millones de metros cúbicos anuales a comienzos de siglo, la producción retrocedió a poco más de 1.350 millones de metros cúbicos en 2025, una contracción superior al 70%.

Esta pronunciada curva descendente explica por qué los yacimientos en tierra pasaron a ser considerados "marginales" o de bajísima rentabilidad para un gigante como YPF, apurado por destinar cada dólar disponible a la mina de oro no convencional de Neuquén.

La estrategia del gobierno de Melella de crear Terra Ignis para intervenir en el sector y evitar que la salida de YPF provocara un desierto laboral inmediato fue una jugada política audaz y, textualmente en palabras de la propia Castillo en la Legislatura, la única alternativa para evitar "el abismo".

Sin embargo, el error del oficialismo radica en la gestión de las expectativas y en la falta de rigurosidad técnica al buscar inversiones internacionales (como ocurrió en las misiones comerciales a Canadá). No se puede promocionar en el exterior una provincia petrolera próspera omitiendo que las estadísticas oficiales muestran una sangría productiva del 90%. Los inversores leen los balances, no los relatos.

Por el otro lado, las denuncias de Francisco Giménez, si bien se hamacan sobre la legítima angustia de cientos de familias que temen perder el empleo y pymes locales asfixiadas económicamente, muestran el sesgo de la defensa de corporaciones que tampoco cumplieron de forma pulcra sus contratos de salida, utilizando a los trabajadores como escudo de negociación ante el Estado.

La conclusión es incómoda para ambas partes. Tierra del Fuego no está en un colapso total irreversible, porque la infraestructura está y el gas sigue fluyendo. Pero la actividad sí se encuentra en un respirador artificial político.

Si Terra Ignis y su socia Velitec no logran transparentar los números, agilizar las cadenas de pago a las pymes locales y demostrar capacidad real de inversión para detener el declive técnico de los pozos, el "escenario distópico" del que habla la oposición dejará de ser una chicana de radio para convertirse en una realidad social incontrolable en las calles de Río Grande.

Por lo menos, así lo veo yo...CONTINUARÁ...