Caso LeoLabs: Citan a la Justicia a la Comisión Investigadora parlamentaria

Ya funciona en la Legislatura de Tierra del Fuego la Comisión Especial Investigadora creada para analizar el circuito administrativo y deslindar las responsabilidades políticas y técnicas en torno a la instalación del radar de la empresa LeoLabs Argentina S.R.L. en las cercanías de Tolhuin. El espacio, calificado por los parlamentarios como una oportunidad institucional para "alcanzar la verdad histórica", cuenta con amplias facultades de auditoría y un estricto protocolo de transparencia.

Bajo la presidencia del legislador Pablo Villegas (MPF) y la secretaría de Matías Lapadula (PG), el órgano definirá el rumbo de una investigación clave sobre un tema que generó fuerte rechazo y preocupación geopolítica en la provincia y el país por sus capitales de origen británico y su impacto en la seguridad nacional.

La Justicia, convocada a declarar

Como una de las primeras y más trascendentes medidas institucionales, la Comisión resolvió convocar formalmente al Dr. Gustavo Gonzales, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 2 del Distrito Judicial Sur.

Gonzales, quien recientemente dictó un fallo clave al declarar la nulidad de la inscripción de LeoLabs en los registros societarios provinciales por razones que atañen a la defensa nacional, fue citado a participar del encuentro parlamentario que se realizará el próximo jueves 25 a las 14:00 horas. La presencia del magistrado busca arrojar luz sobre los fundamentos técnicos y de soberanía nacional vertidos en el expediente judicial.

Cómo está integrada la Comisión

Para garantizar el control institucional, el cuerpo legislativo exhibe una composición multipartidaria con representantes de casi todos los bloques políticos de la Cámara:

• Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino - MPF) — Presidente

• Matías Lapadula (Provincia Grande - PG) — Secretario

• Federico Sciurano (FORJA)

• Juan Carlos Pino (Partido Justicialista - PJ)

• Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos - SF)

• Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin - ST)

• Natalia Gracianía (La Libertad Avanza - LLA)

• María Laura Colazo (Partido Verde - PV)

Asesores Especiales

Debido a la enorme sensibilidad del conflicto con el reclamo soberano de las islas, la Comisión incorporó de forma oficial a dos asesores ad honorem con voz pero sin voto: un representante del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y uno del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande.

Plazos, metodología y el fin del "cerco de silencio"

La Comisión Investigadora fijó sus encuentros ordinarios para todos los jueves a las 14:00 horas en la sala de sesiones de la Legislatura. El reglamento interno diseñado por los parlamentarios estipula un funcionamiento inicial de 90 días hábiles, con la posibilidad de extender el plazo mediante prórroga fundada si el éxito de la recolección de pruebas lo requiere.

En busca de una "transparencia absoluta", se aprobó que todas las reuniones sean públicas y filmadas de manera íntegra, complementadas con registros taquigráficos de cada comparecencia. Como primera medida formal, el cuerpo ya notificó su constitución tanto al Poder Ejecutivo Provincial como al Poder Judicial.

Facultades plenas para exigir respuestas

A diferencia de las comisiones ordinarias de asesoramiento, esta Comisión Especial cuenta con herramientas de carácter quasi-judicial respaldadas por la Constitución Provincial:

• Acceso irrestricto a documentación: Puede solicitar expedientes certificados al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado.

• Poder de citación: Tiene la facultad de convocar e interrogar de manera directa y obligatoria a funcionarios y empleados públicos involucrados en el entramado de autorizaciones.

• Convocatoria técnica: Podrá llamar a declarar a testigos y nombrar peritos especializados para analizar los alcances tecnológicos del radar.

"La Legislatura tiene la oportunidad de generar un ámbito institucional donde averiguar y alcanzar la verdad de lo que nos pasó con el tema del radar", afirmó su presidente, Pablo Villegas, quien adelantó que el cuerpo ya trabaja sobre una robusta "batería de medidas probatorias" para romper el cerco informativo e identificar cómo se otorgaron los permisos a la firma internacional en el corazón de la isla.