Un proyecto del PJ propone crear un registro de inhabilitados para ejercer cargos públicos en la Provincia

La Legislatura de Tierra del Fuego se prepara para debatir un proyecto de ley que propone la creación de un Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para ejercer cargos públicos. La iniciativa, que se enmarca dentro de los lineamientos de lo que a nivel nacional e internacional se conoce como "Ficha Limpia", busca establecer un filtro estricto para evitar que individuos con condenas judiciales puedan acceder a puestos en la administración del Estado, ya sea mediante el voto popular o por designación directa.

​El espíritu de la propuesta radica en proteger los recursos públicos y elevar los estándares éticos de quienes toman las decisiones que afectan a los fueguinos. Según los fundamentos del proyecto, este registro funcionaría como una base de datos centralizada y de consulta obligatoria, donde figurarán aquellas personas que tengan sentencias —con los plazos y condiciones que defina el debate parlamentario— por delitos relacionados con corrupción, fraude a la administración pública, malversación de fondos e, incluso, delitos contra la integridad sexual o violencia de género. De aprobarse, cualquier postulación a un cargo electivo municipal o provincial, así como todo nombramiento en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, requeriría de manera excluyente la emisión de un certificado que acredite no figurar en dicho listado.

​El debate legislativo que se avecina en la provincia austral promete abordar la histórica tensión jurídica entre el principio de inocencia hasta que una condena quede firme en su última instancia y la necesidad ética de apartar de las funciones de gobierno a quienes ya cuentan con fallos condenatorios probados. Quienes impulsan la medida sostienen que el ejercicio de la función pública exige un piso de idoneidad y una conducta intachable frente a la sociedad. En las próximas semanas, el proyecto comenzará su recorrido por las comisiones parlamentarias correspondientes, donde se espera la participación de especialistas en derecho constitucional, organizaciones civiles y referentes del ámbito judicial para pulir la letra chica de una ley que podría marcar un antes y un después en la calidad institucional de Tierra del Fuego.