POSTURAS Y CRÍTICAS | La Provincia defiende los giros coparticipables y Río Grande eleva el tono del reclamo

Tierra del Fuego05/11/2026Redacción P24Redacción P24
La puja financiera e institucional entre el Gobierno provincial y los municipios escaló a un nivel de máxima tensión política, dejando al descubierto dos posturas totalmente irreconciliables en torno a la administración de los recursos públicos. Tras una tensa reunión formal entre las carteras económicas y representantes comunales, la administración de Gustavo Melella defendió su esquema de giros asegurando haber transferido más de 221 mil millones de pesos en lo que va del año, mientras que desde el Municipio de Río Grande lanzaron una fulminante acusación al sentenciar sin filtros que la Provincia utiliza el dinero coparticipable de los vecinos para afrontar sus propios gastos corrientes.

El trasfondo del conflicto expone una brecha profunda en las cuentas públicas fueguinas. Desde el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Alejandro Barrozo, intentaron bajarle el tono a la polémica al negar rotundamente que exista una directiva política o una "animosidad" orientada a asfixiar financieramente a las administraciones locales. En esa línea, la postura oficial argumentó que las demoras y complicaciones económicas responden pura y exclusivamente a una macroeconomía restrictiva y a la escasez general de recursos que golpea de lleno a las arcas estatales. Con planillas globales en mano, la Provincia detalló que entre enero y octubre se destinaron $221.212 millones a los tres municipios del distrito —discriminados en más de $107.521 millones para Río Grande, casi $96.911 millones para Ushuaia y más de $16.779 millones para Tolhuin—, intentando demostrar así un flujo constante de fondos en un escenario complejo.

Del otro lado del mostrador, la reacción comunal fue lapidaria. Con el reclamo formalizado y una deuda que los cálculos locales actualizan por encima de los 17.294 millones de pesos —respaldada previamente por informes de organismos de control como el Tribunal de Cuentas—, la Municipalidad de Río Grande calificó el cónclave como un encuentro estéril y carente de respuestas genuinas. Lejos de aceptar los argumentos de la Provincia, la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto
enfatizó con vehemencia que la coparticipación "no es una ayuda ni una concesión graciosa del Ejecutivo, sino recursos propios de la ciudad que pertenecen por derecho a los vecinos y deben girarse en tiempo y forma". La crítica más dura apuntó directamente al manejo discrecional de la caja: "Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos", dispararon con indignación tras constatar que el Gobierno no fijó ningún cronograma de pagos, ni plazos lógicos, ni certezas financieras para la devolución de los fondos retenidos, condicionando cualquier solución a la hipotética llegada de asistencias extraordinarias desde la Nación.

Pese a la falta de acuerdos concretos y al malestar generalizado con el que las comunas se retiraron de la mesa —donde se cuestionó severamente la ausencia de un detalle pormenorizado de las liquidaciones y fechas de acreditación—, ambas partes acordaron darle continuidad institucional al diálogo. Se fijó una agenda de trabajo técnica que tendrá su próximo capítulo el 13 de noviembre en la localidad de Tolhuin y un nuevo encuentro el 24 del mismo mes en Ushuaia. No obstante, con cuentas pendientes millonarias y reproches cruzados que rozan la confrontación abierta, la tregua técnica parece por demás frágil frente a un escenario político donde los municipios exigen garantías inmediatas y la Provincia insiste en administrar la escasez.
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