Unidad de Detención de Río Grande: Canals citado por la Legislatura en una sesión clave y reservada

Este jueves, a partir de las 11:00, la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura provincial recibirá al ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals. La citación responde a la necesidad de obtener un informe detallado y oficial sobre las actuaciones que el Ejecutivo lleva adelante tras la brutal agresión y los vejámenes sufridos por tres internos en la Unidad de Detención de Río Grande.

Por la sensibilidad de la información y el estado de la investigación, el encuentro tendrá carácter reservado, permitiéndose el acceso a los medios de comunicación únicamente al inicio de la sesión para la toma de imágenes y fotografías.

El eje central de la citación de Canals apunta a desentrañar las versiones que cobran cada vez más fuerza: la existencia de una connivencia entre agentes del Servicio Penitenciario y un grupo de reclusos. La principal hipótesis sugiere que el pasado 9 de mayo se habría configurado una suerte de "zona liberada" dentro del penal, permitiendo que un grupo de tareas atacara salvajemente a Jonathan Gastón Burgoa, a su hijo Maxi Burgoa y a Pedro Jesús Flores.

Paralelamente, la causa penal avanza en los tribunales del norte de la isla bajo la tutela de la jueza de Instrucción, Dra. Cecilia Cataldo, quien dictó el secreto de sumario. La medida busca blindar la investigación y evitar que los abogados defensores —tanto de los penitenciarios bajo sospecha como de los internos involucrados— filtren pruebas cruciales para el esclarecimiento definitivo del hecho.

Cámaras de seguridad e internos identificados

A pesar del hermetismo judicial, se constató que el análisis de las cámaras de seguridad del penal fue clave para identificar a 10 internos del Pabellón B como los presuntos agresores. Entre ellos se destaca Ezequiel Tejada, quien, según los testimonios aportados por los familiares de las víctimas, mantenía un encono previo de vieja data con los Burgoa (padre e hijo).

Un dato que refleja la gravedad institucional del caso es el estado de vulnerabilidad y pánico en el que se encuentran los agredidos. Actualmente, los tres internos atacados permanecen alojados en una dependencia del Servicio Penitenciario en la ciudad de Ushuaia, una medida dispuesta de urgencia para resguardar su integridad física y psíquica.

• Postergación judicial: La jueza Cataldo tenía previsto tomarles declaración testimonial esta semana. Sin embargo, la medida fue suspendida por recomendación técnica, debido a que las tres víctimas manifestaron un profundo temor a sufrir nuevas represalias.

• Investigación de oficio: El nivel de coacción es tal que ninguno de los presos golpeados radicó una denuncia formal. La causa penal avanza de oficio gracias al requerimiento del fiscal Mayor, Martín Bramati, quien inició las actuaciones tras recibir datos certeros y alarmantes sobre lo acontecido aquel 9 de mayo.

La presencia de Jorge Canals en la Legislatura será determinante para conocer qué purga o pase a disponibilidad se ordenó dentro de las filas del Servicio Penitenciario y qué medidas políticas adoptará el Gobierno para desactivar una crisis carcelaria que ya roza el escándalo institucional.