Federico Rauch tras el fallo contra las automotrices: "Las empresas van a apelar hasta el color de la cinta"

El abogado Federico Rauch calificó como “histórico” el fallo de primera instancia obtenido en la demanda colectiva iniciada contra las principales automotrices del país. El reclamo gira en torno al cobro indebido de beneficios fiscales previstos en la Ley 19.640 para la venta de vehículos cero kilómetro en Tierra del Fuego.

En una extensa entrevista concedida a FM del Pueblo, el letrado repasó el largo recorrido judicial del expediente, explicó los alcances de la sentencia, detalló quiénes resultan alcanzados por el fallo y anticipó cuáles serán los próximos pasos de una causa de envergadura inédita. Aunque la sentencia conocida en las últimas horas constituye apenas la primera instancia de un proceso que aún deberá atravesar la Cámara Federal y posiblemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el piso jurídico que se ha sentado es gigantesco.

La Justicia Federal confirma sobreprecios de vehículos bajo el régimen de la Ley 19.640-VER FALLO

El alcance: "Son 6.973 fueguinos para ser exactos"

Consultado sobre el alcance de la demanda, el abogado precisó la cantidad de personas que integran actualmente el proceso colectivo:

“Son seis mil novecientos setenta y tres para ser exactos”.

Todos ellos adhirieron oportunamente a la acción judicial iniciada por el estudio jurídico que encabeza. Rauch explicó que, una vez cerrada esa etapa, ya no fue posible incorporar nuevos demandantes dentro de este expediente. No obstante, aclaró que la sentencia también beneficia a quienes integran la clase alcanzada por la acción colectiva en los términos previstos por la legislación vigente.

Rauch recordó que la demanda fue presentada originalmente en 2015. Al evaluar los tiempos que ha tomado la causa, fue tajante en despejar de culpas a los tribunales riograndenses: “Lleva diez años y algunos meses, pero no es responsabilidad del Juzgado Federal, todo lo contrario”.

Por el contrario, el letrado destacó el trabajo realizado por la jueza Mariel Borruto y por todo el equipo judicial desde que la causa fue remitida al fuero federal en 2022. Según explicó, durante años las terminales automotrices utilizaron todas las herramientas procesales disponibles para extender los tiempos del expediente:

“Usaron la mejor técnica que tiene quien no tiene razón, dilatar el juicio todo lo que se pueda”.

Incluso lograron apartar inicialmente a la Justicia provincial, llevando la discusión hasta la Corte Suprema antes de que finalmente el expediente fuera asignado a su fuero actual. En ese sentido, valoró la celeridad reciente: “El Juzgado Federal recibió esta demanda en 2022, en el estado en que se encontraba, y en cuatro años pudo llegar a una sentencia de primera instancia”.

Las dimensiones de la causa y qué ordena el fallo

Rauch resaltó la dimensión inédita del proceso a nivel continental:

“Este es el juicio más grande que hay en Sudamérica”.

Fundamentó esa afirmación al explicar que no existe algo similar por la cantidad de ciudadanos que demandan ni por la envergadura económica y el poder que tienen las ocho automotrices demandadas, empresas que fabrican prácticamente la totalidad de los vehículos comercializados en el mercado argentino.

La sentencia dispone que las automotrices respeten plenamente los beneficios fiscales previstos por la Ley 19.640 al comercializar vehículos destinados a Tierra del Fuego. El abogado recordó que, desde el punto de vista jurídico, esos “automóviles ingresan al Área Aduanera Especial como si fueran exportados”.

“Es exactamente igual que si esos vehículos fueran exportados a Chile o a cualquier otro país”, graficó.

Por ese motivo, sostuvo que las empresas deben trasladar íntegramente los beneficios impositivos a los consumidores fueguinos. El fallo ordena que los precios ingresen respetando la totalidad de los beneficios financieros, fiscales y económicos que la Ley 19.640 otorga a quienes residen en la isla.

"Los beneficios son para los fueguinos, no para las automotrices"

Uno de los ejes centrales de la sentencia radica en la correcta interpretación del espíritu de la normativa. Rauch señaló que “la finalidad de la ley es estimular y promover a quienes viven en Tierra del Fuego”. El régimen fue creado para favorecer el arraigo de quienes residen en la provincia y para incentivar la radicación de nuevos habitantes, “no es el fin de la ley que cuatro o cinco accionistas o fabricantes de vehículos se queden con esos beneficios”.

Sintetizó el concepto central señalando que “la idea es que esos beneficios queden en los bolsillos de los fueguinos”. Para el abogado, allí reside el verdadero valor jurídico del pronunciamiento:

“Es el primer precedente de la Justicia Federal que trata con claridad cuál es el objeto y el sentido de la Ley 19.640”.

Además, aprovechó para poner en discusión una realidad económica que afecta desde hace años a la región: “Desde el año 2001 está claro que el costo de vida en Tierra del Fuego es sustancialmente mayor que en el resto del país”, cuando el espíritu de la legislación indica exactamente lo contrario, debiendo ser como mínimo un 15% inferior. Aunque el juicio se refiere exclusivamente a los vehículos, el razonamiento puede extenderse a otros bienes, marcando la salvedad de que cada producto posee una carga impositiva distinta: "no es lo mismo un yogur que un auto. No es lo mismo un litro de leche que un vehículo".

El origen: de una multa millonaria a la demanda de 2015

El reclamo actual tiene un antecedente clave: una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que comenzó con la denuncia de aproximadamente 500 vecinos. Tras cinco años de auditorías contables, impositivas y comerciales sobre las automotrices y concesionarias oficiales, las conclusiones fueron contundentes: “encontraron que quienes realmente se apropiaban de esos beneficios eran las automotrices”.

Como consecuencia se aplicó una multa equivalente a 108 millones de dólares (el 25% del monto apropiado entre 2001 y 2010), pero posteriormente esa sanción fue revocada por la Cámara Federal al considerar que no se había acreditado un acuerdo de cartelización para fijar precios.

Ante ese escenario, en 2015 el estudio de Rauch avanzó por otra vía: “presentamos la demanda bajo la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial reclamando la devolución del sobreprecio”. Durante el proceso, el letrado fustigó las estrategias corporativas:

“Hubo demandadas que tuvieron el caradurismo de sostener que la Ley 19.640 no decía que esos beneficios eran para quienes compraban los autos”.

Esa postura fue completamente rechazada por la Justicia. "Basta leer el artículo primero y segundo de la ley para entender que los beneficios son para quienes viven y utilizan esos bienes dentro de Tierra del Fuego", retrucó.

El camino a seguir y las sumas en juego

El abogado dejó en claro que la batalla legal continuará en los tribunales de alzada: “la sentencia todavía no está firme, las automotrices van a apelar hasta el color de la cinta”. Anticipó que su propio estudio recurrirá algunos aspectos del fallo vinculados con la forma de calcular la indemnización, y posteriormente intervendrá la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y, eventualmente, la Corte Suprema. “Todavía queda un largo camino por recorrer”, advirtió.

Respecto a cuánto podrían cobrar los demandantes, detalló que la sentencia fija parámetros muy concretos para la devolución:

• Para los vehículos Mercosur, el porcentaje reconocido asciende al 40,5%.

• Para los extrazona, alcanza un mínimo del 80%.

A estos montos deberán adicionarse intereses y las multas previstas por la Ley de Defensa del Consumidor. “Estamos hablando de que muchos de mis representados podrían llegar a cobrar prácticamente otro auto”, calculó Rauch, aunque aclaró que antes será necesario individualizar cada operación mediante la actualización de datos y documentación de cada adherente.

¿Qué pasa con quienes compraron después de 2010?

Para los fueguinos que adquirieron vehículos cero kilómetro en los últimos años y no forman parte de las 6.973 personas del expediente, Rauch trajo un mensaje de optimismo al explicar que el estudio ya analiza los pasos a seguir porque “todos aquellos compradores posteriores al 2010 tienen el mismo derecho”.

Una vez que el fallo quede firme, evaluarán la mejor estrategia para ampliar la acción colectiva o iniciar nuevos reclamos. Además, lanzó una advertencia directa al mercado automotor:

“Si siguen sobrefacturando los vehículos, cualquier afectado podrá iniciar una acción judicial destinada al éxito”.

Finalmente, Rauch destacó el carácter de la representación legal de su bufete, aclarando que durante la última década no percibieron honorarios y que, de ganar en las instancias definitivas, estos no serán abonados por los vecinos: “Nosotros no les vamos a cobrar a los fueguinos; vamos a cobrar lo que podamos cobrarles a las automotrices”.

“Lo importante", concluyó, "es que por primera vez la Justicia Federal dejó establecido que los beneficios de la Ley 19.640 pertenecen a quienes viven en Tierra del Fuego y no a quienes venden los vehículos”.