OPINIÓN | ¿Quién paga el costo de la adicción? El debate por el fondo de salud mental en la provincia

Hay una epidemia silenciosa recorriendo las aulas, los clubes y las habitaciones de nuestros jóvenes en Tierra del Fuego. No hace ruido, no se ve a simple vista, pero destruye economías familiares y mentes a la velocidad de un clic. Se trata de las apuestas online, un fenómeno que transformó los celulares de nuestros hijos en casinos portátiles abiertos las 24 horas.

En este contexto, el proyecto de ley presentado por el legislador Matías Lapadula para crear un fondo específico de salud mental financiado por un impuesto adicional al juego digital, da en el clavo de una discusión que no admite más demoras.

Ya no hablamos del viejo apostador que iba a una sala física; hablamos de adolescentes que financian su adicción con la plata de la sube, vendiendo sus pertenencias o pidiendo microcréditos virtuales para seguir jugando en el recreo de la escuela.

En una provincia como la nuestra, donde las condiciones climáticas del invierno nos obligan a pasar mucho tiempo puertas adentro y pegados a las pantallas, el terreno se volvió ideal para las plataformas de apuestas. El algoritmo de la timba virtual está diseñado para generar una falsa sensación de control y una necesidad de revancha inmediata. Las consecuencias ya las estamos viendo en los consultorios: cuadros graves de ansiedad, pánico, aislamiento social y deserción escolar.

El rol del IPRA: entre la inacción y los fallos millonarios

Sin embargo, para que este fondo no sea un parche recaudatorio, la política fueguina debe mirar hacia adentro del organismo que supuestamente regula el juego: el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA). La preocupante proliferación del juego online ocurre bajo la mirada de un ente regulador que arrastra serios cuestionamientos por su falta de control real sobre el casino tradicional.

Mientras el juego físico opera con normativas laxas y controles cuestionados en las salas de Ushuaia y Río Grande, el IPRA viene de protagonizar escándalos de gestión que exponen su fragilidad institucional, como la multimillonaria deuda generada tras perder el juicio histórico contra la firma Casino Status.

Caso Casino Status: Crónica de una ineficiencia estatal que costará miles de millones a la provincia

Es una contradicción alarmante: el mismo organismo que históricamente se ha mostrado ineficaz para auditar las máquinas y los movimientos del casino tradicional, hoy se encuentra completamente superado ante la sofisticación del negocio digital que coopta a los menores de edad. Si el Estado no puede controlar un edificio físico en la avenida San Martín, mal puede fiscalizar un ecosistema virtual invisible.

Un sistema de salud desbordado

Mientras este negocio millonario prolifera en la provincia, el sistema de salud mental de Tierra del Fuego no da abasto. Faltan profesionales especializados en ciberludopatía, las internaciones por crisis están saturadas y las guardias de 24 horas específicas siguen siendo una deuda pendiente en los hospitales públicos y centros periféricos. Hoy, la contención recae de manera desigual sobre las familias y sobre organizaciones civiles que hacen lo que pueden con lo que tienen.

La propuesta de Lapadula de hacer que las apuestas online paguen de su propio bolsillo la estructura sanitaria para atender a sus víctimas es un acto de estricta justicia distributiva. Que la Legislatura debata esto con urgencia antes del receso invernal es un paso necesario, pero es solo el principio.

La timba digital se metió en la intimidad de nuestros hogares. Si el Estado no interviene regulando el negocio, auditando en serio a los operadores mediante un IPRA que funcione y financiando una red de contención psicológica urgente, vamos a pagar un precio altísimo: el bienestar de toda una generación de fueguinos.

Por lo menos, así lo veo yo...CONTINUARÁ...