El dilema energético en Tierra del Fuego: duras críticas al proyecto de la nueva central termoeléctrica

La crisis de infraestructura energética en Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión política y técnica. Las recientes y severas declaraciones del ingeniero Sergio Reymundo a Radio Provincia arrojan luz sobre un entramado que combina demoras crónicas, dudas de planificación logística y un encuadre jurídico que, según el especialista, roza la inconstitucionalidad.

Aquí, los ejes centrales de sus declaraciones a la luz del marco normativo y la realidad operativa de la provincia.

El marco legal y el fantasma del monopolio

El punto más grave del análisis de Reymundo no es técnico, sino institucional. El ingeniero afirma que el esquema propuesto junto a la empresa estatal Terra Ignis y capitales chinos avanza hacia un "monopolio privado sobre la generación eléctrica".

• La normativa nacional: La Ley Nacional 24.065 (Régimen de la Energía Eléctrica), a la cual la provincia está adherida mediante la Ley Provincial Nº 45, busca explícitamente promover la competitividad de los mercados de producción y desregular la generación para evitar abusos monopólicos.

• La Constitución Provincial: El artículo 78 de la Carta Magna fueguina establece taxativamente que la prestación de los servicios públicos debe asegurar la regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y eficiencia, bajo un estricto control estatal. Reymundo advierte que otorgar la generación y el flujo de caja de tarifas a un único actor privado sin un marco regulatorio previo y debatido en la Legislatura viola los mecanismos de fiscalización transparentes que exige la Constitución.

El foco de la regularidad institucional: Reymundo denuncia que la ley de creación de Terra Ignis no preveía este modelo de negocios y que las facultades fueron ampliadas "por reglamento de directorio", salteándose el debate legislativo profundo, blindado políticamente por la presencia de directores de casi todos los bloques partidarios.

Factibilidad técnica y logística: el emplazamiento en la mira

El proyecto prevé la instalación de una turbina de 40 megavatios (MW) en las cercanías del río Olivia. Reymundo califica la elección del predio como "el peor lugar posible" debido a dos factores críticos:

Logística de transporte y pesos pesados

El traslado de componentes tecnológicos de generación eléctrica (módulos que superan ampliamente las 100 toneladas) requiere de una infraestructura vial impecable. El puente sobre el río Olivia posee limitaciones estructurales de carga y radios de giro que no están diseñados para maquinaria pesada de gran porte. Modificar esta infraestructura —esencial para el ingreso al relleno sanitario de Ushuaia— implicará un costo millonario adicional que, advierte, se trasladará a la tarifa.

Contaminación ambiental y operativa de la turbina

Una turbina de 40 MW funciona como una gigantesca aspiradora, absorbiendo miles de metros cúbicos de aire por segundo para los procesos de combustión y refrigeración. El área elegida colinda con:

• El relleno sanitario urbano.

• Una cantera activa (foco de polvo de roca en suspensión).

• La planta de la empresa Sanatorium (emisiones de incineración).

El ingreso de material particulado o gases contaminantes daña severamente los álabes de la turbina y reduce drásticamente su vida útil. Según el ingeniero, la puesta en marcha de la usina obligará a paralizar de forma insostenible las actividades industriales preexistentes a su alrededor.

La paradoja de la capacidad: "Nace chica"

El Gobierno fueguino presenta la nueva central como la solución definitiva al déficit energético. No obstante, los datos de demanda contradicen el optimismo oficial:

• Demanda actual de Ushuaia: En condiciones de abastecimiento pleno (sin las restricciones actuales y con alumbrado público total), la capital fueguina ya registra picos de demanda cercanos a los 46 MW.

• Capacidad de la nueva central: La primera etapa prevé aportar 40 MW.

Incluso funcionando al 100% de su capacidad nominal, la nueva central no alcanzará para cubrir la demanda base actual de la ciudad de manera autónoma, naciendo con un déficit de origen de al menos 6 MW.

El vaciamiento de la DPE y el mito del ahorro

Uno de los puntos más alarmantes es el destino de la Dirección Provincial de Energía (DPE), organismo histórico intervenido desde hace más de un lustro. El plan oficial relega a la DPE a un rol de "reserva fría" (soporte secundario en caso de fallas de la central principal).

Reymundo desmitifica el argumento gubernamental de que esto bajará los costos operativos:

Mantener una central de respaldo requiere que las máquinas giren periódicamente para evitar la oxidación y fallas de sistema, lo que obliga a mantener la totalidad del plantel técnico y de mantenimiento de la DPE. El único ahorro real se dará en el consumo de gas de la nueva turbina (por eficiencia de quemado), pero la estructura de costos fijos provinciales permanecerá intacta, sumando ahora el pago de la energía contratada a la nueva operadora.

Mano de obra e impacto social

Finalmente, la nota de alerta social radica en la sustitución de empleo local. Mientras históricamente el montaje de las usinas provinciales se realizaba con el soporte técnico de un par de ingenieros extranjeros y un 95% de mano de obra y constructoras locales, Reymundo denuncia la presencia de al menos 26 trabajadores de origen chino con cuentas bancarias locales ya activas para operar de forma directa en tareas civiles y de infraestructura básica. Esto ocurre en un escenario provincial complejo donde la falta de oportunidades empuja a los jóvenes profesionales a emigrar de la isla.

Conclusión

Finalmente, las advertencias del Ing. Reymundo exponen que la urgencia por resolver la histórica emergencia eléctrica de Tierra del Fuego —heredada desde la gestión de Rosana Bertone y profundizada por la falta de reparación de la turbina Rolls Royce— está empujando al Ejecutivo a adoptar un modelo de contratación que compromete las fines regulatorios del Estado.

Entre problemas de diseño logístico, insuficiencia de potencia nominal y severas dudas sobre la constitucionalidad del esquema comercial, el millonario proyecto de la nueva termoeléctrica parecería sembrar más incertidumbres que megavatios para el futuro de los fueguinos.