Denuncias en el PAMI fueguino: entramado millonario, Araujo denuncia, Pauli contesta

Un complejo entramado de presuntas irregularidades administrativas, facturación de prestaciones médicas inexistentes y direccionamiento de contrataciones sacude al PAMI de Tierra del Fuego. El caso, que contempla un perjuicio económico estimado entre los 1.000 y 1.500 millones de pesos, no solo comenzó a tramitarse en la esfera judicial, sino que provocó un encendido contrapunto entre el diputado nacional Jorge “Koki” Araujo Hernández y el diputado nacional libertario Santiago Pauli.

Órdenes apócrifas y estudios de fertilidad insólitos

La denuncia cobró visibilidad parlamentaria luego de que Araujo impulsara en la Cámara de Diputados la creación de una subcomisión especial investigadora. Según detalló el legislador, las maniobras incluyen la emisión y cobro de órdenes médicas electrónicas por prácticas que jamás se habrían realizado o que resultan técnicamente imposibles.

Entre las anomalías documentadas —varias de ellas constatadas ante escribano público e iniciadas a partir de advertencias presentadas por el profesional gastroenterólogo Mariño Camacho— se destacan:

• Incompatibilidades biológicas: Solicitudes de estudios de fertilidad a mujeres de más de 80 años o a pacientes histerectomizadas (sin útero).

• Equipamiento inexistente: Facturación de prácticas especializadas (como el biofeedback anorectal) libradas por profesionales de otras ramas —como urólogos— en clínicas que no contaban con el equipamiento técnico necesario.

• Incongruencias geográficas: Historias clínicas con prestaciones facturadas mientras los afiliados se encontraban fuera del país.

• Licitaciones bajo sospecha: Cuestionamientos al proceso de contrataciones de prótesis y servicios de emergencias que habrían dejado sin efecto adjudicaciones previas para favorecer sistemáticamente a firmas específicas, entre ellas la empresa de medicina Sanos, vinculada a Claudio Ponce.

De la conducción del PAMI a la intervención del Puerto

El foco institucional de la investigación apunta al período conducido por Fernando Polizzi al frente del PAMI fueguino. Las sospechas sobre qué nivel de control, conocimiento o responsabilidad tuvieron las autoridades de ese momento abren un interrogante que ya evalúa la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos cometidos en el ámbito de PAMI.

El caso suma tensión política debido al recorrido posterior de Polizzi. Tras su paso por la obra social de los jubilados, el funcionario fue designado por la Administración Nacional de Puertos y Navegación dentro de la intervención del Puerto de Ushuaia, otro espacio estatal objeto de cuestionamientos por el manejo de recursos.

Araujo vinculó políticamente a Polizzi con el armado local de La Libertad Avanza, señalando una supuesta cercanía con el senador nacional Agustín Coto, quien por su parte aclaró públicamente que Polizzi no pertenece a su entorno de mayor confianza.

El cruce político: "Derechos de Netflix" vs. "No maten al cartero"

La difusión pública de la denuncia desencadenó una inmediata réplica dentro del arco político provincial.

La postura de Santiago Pauli

El diputado nacional por La Libertad Avanza cuestionó enérgicamente el accionar de Araujo, acusándolo de mediatizar un tema sensible antes de agotar los canales institucionales. Pauli sostuvo que no recibió documentación formal ni números de expedientes y calificó el procedimiento de "poco serio":

"Tiene una carpeta y la va mostrando de a poquito. ¿Está esperando los derechos de Netflix para hacer un documental? Si hay un delito, la obligación es denunciar inmediatamente en la Justicia y no armar un espectáculo para las cámaras."

La réplica de Jorge Araujo

Frente a las críticas del referente libertario, Araujo cruzó a Pauli señalando que el libertario busca desviar la atención sobre el fondo de la cuestión y ratificó que el expediente ya cuenta con un recorrido administrativo y judicial iniciado meses atrás:

"No le voy a pedir permiso a Pauli ni a nadie para hacer una denuncia cuando la tengo que hacer. Lo inteligente no era acusar al cartero, sino ponerse a investigar. Las denuncias no nacen hoy; se vienen radicando desde marzo de 2025 tanto en la delegación local como en la UFI PAMI en Buenos Aires."

Proyección judicial y debate institucional

Mientras en el Congreso nacional se evalúa el avance de la comisión investigadora, las actuaciones preliminares continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Más allá de las derivaciones penales que la Justicia determine para cada uno de los actores involucrados, el debate vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de transparencia y control riguroso sobre las estructuras estatales encargadas de administrar los recursos destinados a la atención médica de los adultos mayores.