DATOS| Escándalo UOM: Investigaban giros por $2466 millones a una firma vinculada a La Cámpora

Un informe reservado incorporado a la causa judicial reveló que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su obra social desembolsaron un total de $2466 millones a favor de la empresa USEM S.A., una sociedad vinculada a María Soledad Calle, la dirigente de La Cámpora que adquirió el departamento del primer piso ubicado inmediatamente debajo de la residencia de Cristina Kirchner en la calle San José 1111.

​La firma, constituida a fines de 2022 y encomendada para administrar la recaudación de fondos y las cuotas de los afiliados del gremio a cambio de comisiones, contaba con una plantilla registrada de apenas cinco empleados, un contraste numérico que encendió las alarmas de los investigadores. El voluminoso flujo de dinero, generado en un lapso de dos años y medio, es uno de los ejes centrales sobre los cuales el juez federal Julián Ercolini dispuso la suspensión del secreto bancario y fiscal de Calle para determinar si existió un desvío injustificado de recursos o un esquema de enriquecimiento patrimonial.

​Además de integrar el directorio de USEM S.A., Calle figuraba simultáneamente como empleada en blanco de la UOM, donde llegó a percibir salarios mensuales superiores a los 3,7 millones. El avance de la investigación puso también la lupa sobre sus adquisiciones patrimoniales: la compra del inmueble en el edificio de San José por US 189.000 —el cual la dirigenta argumentó que destinaría a una fundación de estudios sobre el desarrollo— y una flota de vehículos de alta gama ligados a su entorno familiar. Tras el estallido del escándalo y en medio de medidas judiciales que incluyeron la intervención gremial, las nuevas autoridades de la UOM procedieron a desvincular a Calle de la nómina de personal y a rescindir el convenio de recaudación que mantenía con la empresa. 

Un Contrato a 10 años y una caja millonaria

USEM S.A. fue fundada en diciembre de 2022 por María Soledad Calle junto a su socio Adalberto Raúl Braconi. Apenas dos meses después, en febrero de 2023, la firma cerró un acuerdo por 10 años con la cúpula del gremio conducido por Abel Furlán. El pacto estipulaba que la empresa privada administraría la caja sindical —equivalente a cerca del 80% de los aportes de los afiliados— a cambio de una comisión directa del 0,5% de lo recaudado, lo que garantizaba ingresos para USEM S.A. calculados en unos $100 millones mensuales. El contrato contaba además con una cláusula leonina: solo la firma privada podía rescindirlo unilateralmente.

​Vínculos políticos y doble rol

Calle, exconcejala del Frente de Todos en Campana y dirigenta alineada con La Cámpora, mantenía una presencia clave en el gremio. Mientras ejercía funciones de representación internacional de la UOM ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e IndustriALL Global Union, figuraba formalmente como empleada del sindicato con salarios que superaban los $3,7 millones. En las actuaciones judiciales y dentro del entramado interno del gremio, denunciantes afirmaron que se la conocía bajo el apodo de "la primera dama" por su cercanía al titular de la entidad, Abel Furlán.

​Un patrimonio bajo la lupa judicial

El juez federal Julián Ercolini y los fiscales intervinientes levantaron el secreto bancario y fiscal para reconstruir el vertiginoso incremento patrimonial de la dirigenta. Entre los elementos adjuntados al expediente figuran:

• ​El inmueble de San José 1111: Adquirido por US$ 189.000 en el primer piso del edificio de Recoleta, justo debajo del departamento de la expresidenta Cristina Kirchner. Calle argumentó mediante un escrito que la compra se destinaría a la sede de una fundación.

• ​Vehículos de alta gama: La compra en el mismo período de un automóvil cotizado en US$ 70.000, sumado a otros vehículos vinculados a su entorno cercano.
• ​Movilidad internacional: Un informe migratorio aportado a la causa registró 114 viajes al exterior realizados entre 2010 y 2026, intensificados a partir de 2023 hacia destinos como EE. UU., Francia, España, México y Brasil.

​La postura de la defensa

Frente al avance judicial y el impacto público del caso, Calle negó haber cometido delitos y atribuyó las denuncias a una interna sindical. "No compré nada. Es una disputa de poder. No tengo ningún cargo en la UOM ni soy empleada de USEM, me eligieron como blanco", sostuvo en sus descargos, mientras que el gremio avanzó con la rescisión de los contratos tras destaparse las irregularidades.