JUSTICIA FEDERAL | Ordena la intervención del Gobierno provincial en la causa contra petroleras en Malvinas

Tierra del Fuego30/10/2026Redacción P24Redacción P24
En una definición judicial de alto impacto político e institucional, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, conducido por la jueza Mariel Borruto, admitió la intervención del Gobierno de Tierra del Fuego en la causa colectiva impulsada contra el consorcio petrolero Sea Lion. Sin embargo, el tribunal fijó condiciones procesales estrictas: la provincia actuará con facultades limitadas, de forma accesoria y subordinada a la demanda original interpuesta por los excombatientes del CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

La decisión judicial ratifica además la vigencia de la medida cautelar que ordena a las compañías Rockhopper Exploration plc (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar cualquier tipo de perforación, obras submarinas o instalación de infraestructura en la plataforma continental hasta tanto no tramiten la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente ante las autoridades competentes.

La comparecencia de la Fiscalía de Estado fueguina en el expediente no responde a un movimiento espontáneo del Poder Ejecutivo provincial, sino a la intimación judicial dictada por la magistrada Borruto y a la presión de la Legislatura provincial, que instó formalmente al gobernador Gustavo Melella a intervenir en la causa. La medida expone una década de inactividad oficial desde que en 2015 se promovieron las primeras actuaciones bajo la Ley 26.659, período en el cual las sucesivas administraciones no se habían constituido como querellantes activos en la persecución penal del saqueo de recursos hydrocarboníferos en la zona de Malvinas.

Al delimitar el alcance del rol provincial, la magistrada acotó la actuación del Ejecutivo a la tutela ambiental colectiva y vedó la posibilidad de introducir reclamos resarcitorios propios. Asimismo, desestimó por el momento la exigencia de cauciones a las empresas involucradas y rechazó el pedido de citar al Estado nacional al proceso. La resolución consolida el marco cautelar en el ámbito judicial local mientras se aguardan las instancias fijadas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
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