MALVINAS | El Gobierno profundiza su ofensiva: arbitraje internacional, presión a petroleras y acciones contra una línea aérea

El Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo en su estrategia diplomática, judicial y política por las Islas Malvinas. En menos de un mes desde el anuncio inicial realizado por el presidente Javier Milei, la administración central redobló la apuesta con un paquete de medidas que incluye un arbitraje internacional contra el Reino Unido, fuertes presiones sobre empresas hidrocarburíferas y acciones legales y administrativas frente a una compañía aérea.

En el plano internacional, la Casa Rosada informó el inicio de un arbitraje contra el Reino Unido vinculado al proyecto petrolero Sea Lion. A través de esta medida, se intimó a Londres para que frene las actividades de explotación en la Cuenca Malvinas Norte en un plazo máximo de dos semanas. En caso de incumplimiento, la Argentina acudirá formalmente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que resguarden los derechos soberanos sobre la plataforma continental.

Paralelamente, el conflicto se trasladó al espacio aéreo. El Ejecutivo nacional ordenó la apertura de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa Thales UK Limited. La firma es cuestionada por operar una ruta aérea entre las islas y la ciudad chilena de Punta Arenas utilizando una aeronave de matrícula británica y sin contar con la debida autorización de las autoridades argentinas.

Esta jugada coincidió con la realización del Punta Arenas Business Showroom, un evento destinado al lanzamiento de conexiones comerciales entre la ciudad chilena y el archipiélago.

Esta nueva ofensiva profundiza la escalada iniciada el pasado 3 de septiembre, cuando Milei —acompañado por su Gabinete en cadena nacional— blanqueó los ejes de su plan soberano. Dicha hoja de ruta incluyó la instrumentación de los decretos 867 y 868/2026, los cuales facultaron a la Cancillería como autoridad de aplicación sobre la ley de hidrocarburos, impusieron penalidades a las firmas infractoras impidiendo su vinculación con proyectos del RIGI y ampliaron el presupuesto militar para reactivar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

Asimismo, la ofensiva ya acumula expedientes administrativos contra decenas de actores globales y denuncias penales en tribunales federales contra directivos y corporaciones petroleras extranjeras que operan en la zona. A esto se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso, el cual prevé endurecer penas de prisión, multas severas e incluso habilitar la intercepción de aeronaves que vulneren la normativa de vuelo nacional. Mientras tanto, el Gobierno británico mantiene su postura de rechazo al diálogo sobre soberanía y defiende su legislación y desarrollo de recursos en la región.