Martín Pérez reclamó la asignación de los fondos del FAMP para Río Grande y advirtió sobre la crisis industrial

​El intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó una revisión urgente sobre la utilización de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), exigiendo que el dinero acumulado se invierta de forma directa en la provincia de Tierra del Fuego y, especialmente, en la ciudad más golpeada por la crisis fabril. Según detalló el jefe comunal, tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar los aportes empresarios al Fondo, restan alrededor de 300 millones de dólares acumulados que deben mantener su finalidad original: diversificar la producción, financiar infraestructura y acompañar el desarrollo económico local.

​Pérez remarcó que el Municipio de Río Grande ha presentado diversos proyectos para reactivar obras clave paralizadas por el recorte de financiamiento nacional, tales como la terminación del mercado de productos locales y las reformas en la antigua terminal de ómnibus, además de proponer asistencia para los trabajadores industriales despedidos, iniciativas que aún no han recibido respuesta del Ejecutivo central. En ese marco, denunció una marcada inequidad en la distribución territorial de los fondos.

​El intendente ilustró la gravedad de la coyuntura con cifras sobre el impacto del desplome fabril en Río Grande. La ciudad, que supo contar con cerca de 17.000 puestos de trabajo industriales y mantenía entre 8.000 y 9.000 empleos en 2023, actualmente registra apenas unos 3.800 operarios. El sector textil refleja la misma tendencia: de las once empresas operativas en su momento, solo cuatro permanecen activas, provocando una caída del empleo textil de 1.100 a cerca de 280 trabajadores. Ante este escenario, Pérez sostuvo que la asignación del FAMP responde a una "decisión política" del Gobierno nacional y garantizó que su gestión continuará reclamando una mayor participación presupuestaria.

​La reforma constitucional, la deuda coparticipable y el gas

​En relación con el escenario político provincial, Pérez calificó como un "debate agotado y terminado" la intención de reformar la Constitución de Tierra del Fuego, luego de que la Legislatura derogara la ley que la habilitaba con el voto de once legisladores. El intendente instó a enfocar las prioridades en atender la crisis de los sistemas de salud y educación, el desempleo y el ahogo financiero de las administraciones locales. Al respecto, reveló que la deuda de coparticipación provincial con el Municipio de Río Grande alcanza los 17.000 millones de pesos, habiendo experimentado un incremento cercano al 200% durante el último año.

​Por otro lado, el jefe comunal advirtió sobre el impacto de la modificación del régimen de Zona Fría, estimando que representará un aumento superior al 20% en las facturas de gas para los usuarios. Cuestionó, asimismo, las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para modificar las bonificaciones tarifarias de manera discrecional sin requerir el aval del Congreso. En su análisis, lanzó críticas hacia la actuación de los senadores fueguinos del oficialismo nacional que acompañaron la medida, señalando que resulta llamativo que voten en contra de los intereses de los habitantes de su propia provincia.

​Acciones judiciales por la explotación petrolera en Malvinas

​Finalmente, Martín Pérez ratificó la decisión del municipio riograndense de involucrarse en la causa judicial que investiga la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, tramitada en el juzgado federal a cargo de la jueza Mariel Borruto. Explicó que el gobierno municipal aportará toda la información disponible para respaldar el expediente e impulsar acciones contra las empresas privadas involucradas, buscando impactar económicamente sobre la presencia británica en el archipiélago. Por último, abogó por recuperar una política de Estado diplomática y sostenida en el tiempo, recordando la iniciativa impulsada en 2016 desde la Cámara de Diputados para la creación de la comisión bicameral sobre la Cuestión Malvinas.