


La Justicia Federal admitió a Río Grande como parte en la causa contra las petroleras que operan en Malvinas
Tierra del Fuego30/09/2026
Redacción P24

La Justicia Federal dio un paso trascendental en la disputa por la protección de los recursos naturales en el archipiélago malvinense. El Juzgado Federal admitió formalmente al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa judicial que cuestiona las operaciones inconsultas de las empresas petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La resolución judicial permite que el Ejecutivo local, a través de su Asesoría Letrada, intervenga de manera directa en el expediente. De esta forma, el municipio podrá aportar elementos técnicos, científicos y legales en defensa no solo del ecosistema marino, sino también de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.
La incorporación de Río Grande al litigio —impulsada inicialmente por organizaciones como el CECIM La Plata y la AAdeAA— se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica y ambiental.
Semanas atrás, la jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a las compañías británica e israelí abstenerse de iniciar o continuar cualquier acto material, perforación o instalación vinculado al proyecto León Marino (Sea Lion) en la adyacencia de las Islas. Dicha medida frenó momentáneamente la avanzada extractiva al señalar la falta de procedimientos de evaluación de impacto ambiental aprobados por las autoridades nacionales competentes.
A través de sus redes sociales, el intendente Martín Perez confirmó la noticia y destacó la importancia de que la ciudad adquiera un rol activo en el proceso:
“Los recursos de Malvinas son de los argentinos. El Atlántico Sur tiene que seguir siendo una zona de paz. Río Grande va a seguir defendiendo y reclamando lo que nos pertenece, en todo ámbito, en todo momento”, remarcó el jefe comunal.
Con esta admisión, Río Grande consolida su perfil institucional en la defensa irrestricta de la soberanía nacional, utilizando las herramientas jurídicas disponibles para visibilizar el impacto ambiental y geopolítico que implican los negocios petroleros ilegítimos en el mar austral.




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