JUSTICIA | Prohíben operar en el Mar Argentino a un grupo de corporaciones pesqueras

Tierra del Fuego11/11/2026

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó una medida cautelar que prohíbe pescar sin habilitación argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva —incluidas las aguas de Malvinas hasta las 200 millas— a doce empresas y grupos españoles, además de siete estructuras hispano-isleñas.

La resolución se enmarca en el expediente FCR 16446/2026 y surge a raíz de una demanda presentada el pasado 8 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena y con el patrocinio legal de Eduardo Salvador Barcesat. La restricción judicial abarca las capturas, su procesamiento a bordo, los transbordos, las descargas, las nuevas mareas, las temporadas y la incorporación de embarcaciones, ya sea mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.

Entre las compañías españolas alcanzadas por la medida figuran Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín

, Armadora Pereira

, Chymar/Grupo Touza

, Copemar

, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo

, Marfrío

, Pescapuerta

, Pesmar/Pesquerías Marinenses

, Pesquera Moradiña

, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro

, Rampesca/Grupo Lanzal

y WOFCO

. Asimismo, se identificaron vínculos con estructuras hispano-isleñas como Argos Group

, Beauchene Fishing

, Fortuna

, Red Back Consultants

, Seaview

y Southern Cross

, junto a vehículos societarios tales como Orion Fishing

, Jupiter Fishing

, South Atlantic Squid

, Petrel Fishing

, Beagle Fishing

, Kalamar

, Castelo Fishing

, Polar Seafish

y Golden Touza

La decisión judicial se fundamenta en informes del INIDEP

sobre poblaciones migratorias y recursos compartidos —como el calamar illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola—, bajo los principios de prevención y precaución consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Además del pedido de recomposición ambiental, la demanda incluye un reclamo económico por 4.101.131 toneladas extraídas entre 1989 y 2025, estimadas provisoriamente en unos USD 12.351 millones a valores FOB y USD 26.465 millones a precios mayoristas.

Por otro lado, las firmas extranjeras disponen de un plazo de diez días judiciales para presentar declaraciones juradas con documentación respaldatoria detallada sobre sus operaciones, mientras que para las compañías nacionales investigadas el juzgado desestimó por ahora las cautelares solicitadas y requirió información sobre sus habilitaciones y cuotas, evaluando su situación bajo la legislación que contempla la caducidad ante vinculaciones prohibidas con operadores ilegales.