Rockhopper desoye el ultimátum argentino y ratifica la extracción petrolera en Malvinas

La tensión en torno a los recursos naturales del Atlántico Sur sumó este miércoles un nuevo y tenso capítulo. La compañía británica Rockhopper Exploration PLC ratificó formalmente que mantendrá sus planes de explotación petrolera en las Islas Malvinas, desoyendo por completo el ultimátum de dos semanas emitido recientemente por el Gobierno argentino.

Al presentar su informe financiero semestral, la empresa confirmó que el proyecto hidrocarburífero Sea Lion —ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas— avanza sin modificaciones en su cronograma. Su objetivo principal continúa siendo iniciar la producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028.

Rockhopper posee el 35% de participación en el emprendimiento, mientras que el 65% restante pertenece a la firma israelí Navitas Petroleum, que actúa como operadora.

La postura de la petrolera se da a conocer apenas días después de que la Casa Rosada endureciera drásticamente su postura. El pasado 28 de septiembre, la Oficina del Presidente informó la puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje internacional amparado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En esa línea, otorgó al Reino Unido un plazo perentorio de dos semanas para frenar las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion, advirtiendo que, de no hacerlo, recurrirán al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

Pese a esta advertencia formal y al incremento de la presión diplomática y mediática, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, minimizó el impacto de las medidas argentinas. Aseguró que la compañía cuenta con el respaldo absoluto tanto del gobierno británico como de las autoridades de las islas, las cuales habrían desestimado las acciones judiciales y administrativas de la Argentina calificándolas de "carentes de fundamento jurídico".

Asimismo, la empresa seudo-respaldó en una reciente inyección de capital por 200 millones de dólares concretada a lo largo de 2026, lo que —según afirman— les garantiza financiamiento holgado hasta mediados de 2028 para afrontar los gastos operativos de la primera fase del proyecto.

En el plano interno, el cerco legal sobre las empresas operadoras se había estrechado en paralelo. Días atrás, la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar impulsada para frenar el avance de Sea Lion, ordenando tanto a Rockhopper como a Navitas abstenerse de iniciar o continuar obras en el área disputada.

El proyecto contempla una primera etapa (NDA 1) que incluye la perforación de 11 pozos a partir de principios de 2027. La extracción inicial se proyecta realizar mediante el buque de almacenamiento y descarga Aoka Mizu, con una capacidad estimada de hasta 55.000 barriles diarios. Además, los planes a largo plazo apuntan a una segunda fase de expansión que elevaría exponencialmente el volumen de producción hacia finales de la década.

Mientras el Gobierno nacional insiste en la defensa de la soberanía sobre su plataforma continental y redobla la ofensiva en tribunales internacionales, las corporaciones energéticas parecen decididas a consumar los hechos consumados en el mar argentino, augurando un escenario de creciente litigiosidad internacional en los próximos meses.