RÍO GRANDE | Preocupación institucional por una deuda provincial que supera los $17.000 millones

Tierra del Fuego27/10/2026Redacción P24Redacción P24
Una marcada preocupación reina por estas horas en las distintas esferas institucionales de Río Grande a raíz del complejo panorama financiero que atraviesa la ciudad. Representantes del Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas mantuvieron un encuentro clave para analizar el impacto directo que están generando los sistemáticos retrasos en el envío de los fondos de coparticipación por parte del Gobierno provincial. Con una acreencia que ya perforó la barrera de los 17.000 millones de pesos y demoras en las transferencias que alcanzan los 45 días —una cifra sin antecedentes recientes en la administración local—, el municipio encendió los alarmas sobre la continuidad de los servicios esenciales y la asistencia a los sectores más vulnerables.

Durante la reunión realizada en el ámbito del cuerpo deliberativo, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, acompañado por el equipo de Finanzas municipal, expuso los números que sustentan el reclamo y apuntó contra la conducción económica del Ejecutivo de la provincia, señalando la existencia de una decisión política orientada a desfinanciar a la ciudad. Desde el municipio recalcaron que los recursos que se exigen corresponden a partidas que ya fueron percibidas por la Provincia y que deberían ser coparticipadas a los municipios de manera automática. La falta de estos desembolsos afecta directamente el sostenimiento de prestaciones básicas cotidianas, como las redes de agua y cloacas, los 15 centros y dispositivos municipales de salud, más de 20 espacios deportivos y la operatividad del transporte público de pasajeros.

Asimismo, la paralización del flujo de fondos golpea de lleno a los programas de contención social orientados a las familias en situación de vulnerabilidad, amenazando la regularidad del Programa Alimentario Municipal, el abastecimiento de agua en sectores no urbanizados, la asistencia a comedores comunitarios y la entrega de becas. En respuesta a esta coyuntura, los bloques políticos del Concejo Deliberante respaldaron unánimemente el reclamo formal impulsado por la gestión municipal, acordando la creación por ordenanza de una mesa de trabajo conjunta que integrará a todos los poderes e instituciones locales con el fin de transparentar los datos financieros y articular una estrategia común.

De no mediar una solución inmediata, la administración municipal prevé agotar las instancias formales. Las autoridades adelantaron que iniciarán un reclamo por la vía administrativa para solicitar la regularización del goteo coparticipable y, en caso de no obtener respuestas satisfactorias a la brevedad, acudirán a la vía judicial para garantizar la llegada en tiempo y forma de los fondos que corresponden por ley a los vecinos de Río Grande.
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