PUERTO USHUAIA | Cuestionan la legalidad del gremio ferroviario y la provincia queda en la mira

Tierra del Fuego31/10/2026Redacción P24Redacción P24
La controversia en torno a la administración del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional y política. En medio del escenario abierto por la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional a principios de este año, la Dirección Provincial de Puertos (DPP) emitió un cuestionamiento formal sobre la legitimidad y el alcance de la representación sindical de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), la entidad gremial que tuvo un rol central en las denuncias sobre presuntas irregularidades operativas e institucionales en la terminal marítima fueguina.

El planteo técnico y jurídico se desencadenó a partir de una presentación formulada por el empleado portuario Juan Luis Benzo, tramitada bajo el expediente administrativo E-194-2026. Tras la revisión de las actuaciones y los respaldos documentales presentados por el gremio, las áreas legales y de control de la provincia elaboraron un proyecto de resolución que rechaza formalmente el reconocimiento institucional de la UPSF dentro de la jurisdicción portuaria, al determinar que los instrumentos aportados resultan insuficientes para acreditar personería en el ámbito marítimo y portuario local.

De acuerdo con el análisis del expediente provincial, el respaldo legal original de la UPSF remonta a una resolución emitida en 2017 por las autoridades laborales nacionales, la cual limitaba de manera expresa su representatividad al personal jerárquico y profesional de empresas estrictamente ferroviarias. Si bien en 2024 el sindicato obtuvo una extensión de su ámbito de actuación territorial a todo el país, dicha resolución no incorporó de manera explícita la actividad de los puertos. Asimismo, los informes técnicos elaborados por el Ministerio de Trabajo y Empleo y por la Secretaría de Asuntos Gremiales de Tierra del Fuego concluyeron que no se encuentra acreditada la regular constitución de la denominada «Seccional Normalizadora Puertos Ushuaia Tierra del Fuego», ni las facultades de representación institucional que sus referentes aducen ejercer ante el ente provincial.

El caso cobra especial relevancia política por la figura de Juan Andrés Avellaneda, referente local de la UPSF. Avellaneda encabezó los reclamos y presentaciones que sirvieron de antecedente inmediato para la decisión del Poder Ejecutivo Nacional del pasado 21 de enero de intervenir la terminal portuaria fueguina. Tras el desembarco de las autoridades designadas por el Gobierno Federal, el dirigente ferroviario pasó a ocupar funciones operativas activas dentro de la logística del puerto, consolidando una marcada influencia en la dinámica cotidiana de la terminal.

Más allá del rechazo al reconocimiento gremial, el dictamen administrativo deja expuestas severas inconsistencias en el actuar del Estado provincial. Durante años, la UPSF operó, realizó gestiones e intervino de manera activa dentro del Puerto de Ushuaia sin que las sucesivas conducciones de la Dirección Provincial de Puertos plantearan objeción alguna sobre sus competencias o encuadre legal. La repentina revisión de los antecedentes del sindicato, impulsada recién tras la intervención nacional y por iniciativa de un agente de la propia planta del organismo, obliga a las autoridades provinciales a dar explicaciones sobre los controles documentales y las condiciones bajo las cuales se mantuvieron relaciones institucionales formales con una entidad sin representación legal acreditada.

El escenario abre así una paradoja institucional: mientras el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego reclama formalmente la restitución del control y la gestión integral del Puerto de Ushuaia, un expediente tramitado dentro de su propia estructura administrativa pone en evidencia la falta de controles históricos sobre una organización gremial cuyo accionar fue determinante para que la Nación justificara su desembarco en la principal terminal marítima de la provincia.
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