​El debate sobre la Ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego ha alcanzado su punto de máxima tensión institucional. La proclama que resuena en los pasillos legislativos —«Hemos encontrado los recursos»— genera alivio en una comunidad golpeada por meses de conflicto salarial, acampes e incertidumbre en las aulas. Asegurar fondos previsibles y sostenibles para la infraestructura escolar, el equipamiento y los salarios de nuestros docentes no solo es un deber constitucional; es un acto indispensable de reparación social.

​Sin embargo, cuando se examina la «letra chica» del menú de ingresos con el que se pretende financiar esta norma, surgen contradicciones difíciles de soslayar. El diseño tributario propuesto vuelve a recaer sobre resortes sensibles de la actividad productiva y los servicios públicos locales, mientras una de las industrias de mayor rentabilidad económica y socialmente extractivas continúa operando bajo marcos de privilegio o escasa presión fiscal específica: el negocio de las apuestas.

​El costo de mirar para otro lado: el juego en la mira

​Resulta paradójico que, a la hora de buscar recursos de emergencia para las escuelas, se recurra de manera recurrente a gravámenes sobre la cadena de valor local o a reasignaciones de fondos públicos, mientras los casilleros del juego presencial y digital apenas son rozados en la discusión legislativa.

​Tierra del Fuego cuenta con un organismo regulador emblemático como el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA). Si la urgencia fiscal exige creatividad financiera para sostener las aulas, es hora de discutir con pragmatismo un alícuota extraordinaria y específica sobre la actividad lúdica en la provincia:

1. ​Casinos físicos y salas de juego tradiccionales: Históricamente asentados en los centros urbanos provinciales, captan volúmenes millonarios de liquidez diaria. Aplicar una tasa o cánon educativo sobre sus utilidades brutas (GGR) o sobre el canon de concesión no destruye puestos de empleo; redirige rentas extraordinarias hacia el bien común.
2. ​El iGaming y los slots digitales: La verdadera explosión de las apuestas ocurre en las pantallas. Plataformas de casino online, apuestas deportivas y tragamonedas digitales operan con costos de infraestructura mínimos en comparación con la economía real. Gravar las transacciones, depósitos o cánones de licencias de juego digital a nivel provincial es una tendencia consolidada en gran parte del mundo y del país.

​Prioridad tributaria: Gravar el juego no solo recauda dinero; ejerce una función desincentivadora sobre una actividad que genera problemáticas crecientes de ludopatía (especialmente en jóvenes) y destina esos fondos directamente a la construcción de futuro: la educación pública.

​Hacia una ley sustentable y ética

​Afirmar que se encontraron los recursos solo será una verdad duradera si las fuentes elegidas cumplen con dos condiciones básicas: sostenibilidad en el tiempo y justicia distributiva. Cargar de impuestos a quienes producen, consumen o prestan servicios esenciales mientras los operadores de casino —físicos y virtuales— disfrutan de márgenes de beneficio intocables debilita el espíritu de la propia ley.

​Si los legisladores buscan sancionar un financiamiento educativo transformador y con verdadero respaldo social, el menú de financiamiento debe ordenarse con criterio de equidad. Vincular directamente la regulación y recaudación del IPRA, los casinos de calle y el vertiginoso mercado del juego digital con el presupuesto escolar no es una utopía fiscal: es una decisión política basada en prioridades éticas.

​La educación de nuestros hijos no puede depender de parcheos coyunturales; debe financiarse, en primer lugar, con el excedente de las actividades que menos valor agregado le aportan a la comunidad.