El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, salió al cruce de la controversia generada tras conocerse que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) fijó un domicilio procesal ante la Justicia que coincidía con la dirección que la propia Municipalidad publicaba para su Secretaría de Turismo. Si bien el funcionario rechazó cualquier vínculo de la gestión municipal con la intervención nacional y defendió que "el puerto es de los fueguinos", remarcó que la resolución del conflicto corresponde a quienes tienen responsabilidades directas sobre el área.
La polémica se desató luego de que trascendiera que la agencia nacional había declarado la dirección de Prefectura Naval Argentina 470, un número que figuraba en publicaciones oficiales del municipio y en la web del área de turismo —la cual modificó recientemente su numeración oficial a 475 mediante un certificado difundido por la propia Comuna—. Ante los intentos de vincular a la administración local con la intervención, Iriarte ironizó en sus redes sociales y exigió que se sienten a resolverlo los actores con competencia directa, argumentando que el municipio no dispuso la intervención ni cuenta con facultades jurídicas para dejarla sin efecto.
Sin embargo, esta postura de prescindencia administrativa abrió el debate político al ser contrastada con antecedentes de la gestión del intendente Walter Vuoto. Opositores y sectores de trabajadores recordaron que, ante el conflicto de la firma Aires del Sur en Río Grande, el jefe comunal no se limitó a deslindar responsabilidades por falta de jurisdicción, sino que viajó al norte provincial, respaldó públicamente a los afectados y articuló apoyo material a través del Partido Justicialista.
Con casi diez meses de intervención federal en el Puerto de Ushuaia, una infraestructura vital para la economía y el turismo local, los portuarios cuestionaron la falta de un pronunciamiento o visita institucional por parte del Ejecutivo municipal. De este modo, mientras el oficialismo sostiene una defensa estrictamente institucional basada en la delimitación de competencias, el reclamo de los trabajadores pone el foco en la asimetría del posicionamiento político frente a conflictos laborales de similar magnitud en la provincia.