El dictamen final de comisión de la Ley Bases que salió del Senado mantiene el beneficio para las regiones que en 2021 se incorporaron al régimen de “zona fría”, por el cual cerca de la mitad de los usuarios residenciales de gas natural de la Argentina reciben un descuento de entre 30% y 50% en sus facturas finales.
Ese eje había sido excluido en la media sanción de la Cámara de Diputados y era intención del gobierno nacional eliminarlo completamente.
Si bien los subsidios por zona fría no surgen de un aporte del Tesoro, sino que se financian con un recargo en las facturas de todo el país, la intención de la gestión de Javier Milei era quitar ese beneficio extra.
El dictamen que salió del Senado reincorpora la ampliación que había extendido el beneficio a más de 4 millones de usuarios. Se financia con un porcentaje de la tarifa que pagan todos los hogares, comercios e industrias.
El proyecto de ley del oficialismo que había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados autorizaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios. La norma contemplaba la exclusión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas creado por la Ley 25.567 aunque no hizo mención a la última modificación.
El dictamen que salió de la Cámara de Senadores incluyó la modificación de Ley 27.637 impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner que extendía el beneficio a más zonas del país que las originalmente previstas.
Ese detalle había generado preocupación en legisladores del interior, quienes buscaron asegurar el mantenimiento de estas subvenciones.
El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías originalmente preveía que desde 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) tengan un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas.
Hace dos años el beneficio se amplió a otras zonas del país con clima frío o templado-frío y escaló a los 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9 millones en el país. Se sumaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, ese subsidio no se nutre de aportes del Tesoro Nacional sino que surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST) -uno de los cuatro ítems que componen la factura además de transporte, distribución e impuestos- que pagan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país. Los aportes van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El Gobierno transfiere a las distribuidoras la diferencia entre lo que abonan los hogares beneficiarios y el “costo real” de la factura a las distribuidoras con fondos de ese fideicomiso. El año pasado ese fondo tuvo ingresos por $116.877 millones y gastos por $77.663 millones, es decir, un resultado positivo de $39.213 millones. Este era uno de los fondos fiduciarios que tenía en la mira el Gobierno para su eliminación.
De hecho, a mediados de mayo distribuidoras y sub-distribuidoras de gas de todo el país habían apuntado contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por pisar los reintegros de las tarifas de “zona fría”. La deuda, que luego fue cancelada, era por unos $4.300 millones.
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