A los supermercados bonaerenses que el miércoles pasado funcionaron con colas de hasta seis horas por un descuento del 50% les corresponderían multas de hasta $ 5.000.000. Sería así si la Provincia de Buenos Aires tuviera una ley de esperas como la que existe en Capital desde fines de 2012, norma que ahora buscan extender a todo el país en medio de una fuerte polémica con las empresas.

Replicando a la ley porteña 4.389, un proyecto de ley de la Unión Cívica Radical que hoy se trabaja en comisiones del Senado de la Nación declara como “abusiva" y "contraria al trato digno” toda práctica de atención al público que obligue a la gente a esperar “a la intemperie en el exterior” de los locales o bien que "signifique permanecer en filas con esperas mayores a 30 minutos”. Como máximo se admiten demoras de hasta 45 minutos, pero sólo si hay turnos numerados, asientos y baños.

Además de la Capital, en los últimos años también la ciudad de Santa Fe y las provincias de Misiones, Río Negro, Entre Ríos, Chaco y Neuquén limitaron las esperas con leyes locales similares. Lo que ahora se debate en el Congreso es nacionalizar el requisito. En paralelo, en la Legislatura Bonaerense, dos proyectos sobre el tema -uno de Cambiemos y otro del Frente Renovador- ya lograron media sanción y podrían convertirse en ley este año.