La Pampa: Procesaron al juez federal Pablo Díaz Lacava y le trabaron un embargo de 100 millones

El Juzgado Federal de Santa Rosa decidió procesar a Pablo Díaz Lacava, integrantes del Tribunal Oral Federal de la capital pampeana, en el marco de la causa por la denuncia de violencia y hostigamiento laboral impulsada por tres secretarios y que alcanzó a otros empleados de ese organismo. Además, le trabó un embargo por 100 millones de pesos.

El Juzgado -a cargo de Juan José Baric- consideró a Lacava como "autor material y penalmente responsable de los delitos de amenazas simples, en perjuicio de Alina Laura Trento, Norma Beatriz Martínez, Erika Evelina Savluk, Bárbara Medwid, Jorge Ignacio Rodríguez Berdier y Ricardo Javier Sequeira González en concurso real con los delitos de amenazas agravadas en perjuicio de Norma Beatriz Martínez y Erika Evelina Savluk, por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo, los que concurren a su vez en forma ideal con el delito de lesiones leves en la salud de Alina Laura Trento, Erika Evelina Savluk, Bárbara Medwid, Jorge Ignacio Rodríguez Berdier y Ricardo Javier Sequiera González los que a su vez concurren en forma real con el delito de lesiones graves en la salud de Norma Beatriz Martínez por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes, en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, que a su vez concurren en forma real con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado de conato, que concurre en forma real con el delito de desobediencia judicial y que a su vez concurre en forma real con el delito de retardo malicioso de justicia (4 oportunidades) (arts. 45, 54, 55, 89, 90, 149 bis, 149 ter inc. "b", 239, 248 y 273, párrafo 2do. del Código Penal; 306, 310 y concordantes del CPPN)", según consta en la resolución a la que tuvo acceso El Diario de manera exclusiva.

Además, el Juzgado mandó a trabar embargo sobre los bienes o dinero de Díaz Lacava "hasta cubrir la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000), para lo cual deberá ofrecer dinero o bienes suficientes en el término de cinco (5) días de notificada esta resolución, lo que servirá de suficiente mandamiento (arts. 518 y siguientes del CPPN). En caso de ofrecer bienes suficientes a embargo y ser éstos registrables deberá procederse a la inscripción correspondiente; en caso de carecer de dinero o de bienes o de no darlos a embargo en cantidad suficiente en el término indicado, corresponde decretar su inhibición de bienes".

En la misma resolución el Juzgado también decidió "sobreseer en las presentes actuaciones y respecto de Pablo Ramiro DÍAZ LACAVA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, respecto de los hechos n° 5 (A y B) y 7, por no encuadrar los mismos en una figura penal, con la expresa mención de que el trámite de las actuaciones, a este respecto, no afecta el buen nombre y honor del cual gozara (artículos 334, 335, 336 inciso 3° y 337 del ordenamiento de rito)".

Además, decidió "disponer la devolución al Sr. Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta provincia del sillón oportunamente secuestrado en autos".

La indagatoria a Díaz Lacava fue maratónica y terminó el pasado 7 de septiembre luego de varias idas y vueltas.

"Fue la indagatoria más larga del mundo", exageró en aquel momento empleado judicial del Juzgado Federal.

La indagatoria había comenzado el 25 de junio -después de tres suspensiones- y desde ese momento se extendió en cinco jornadas, de seis horas de promedio cada una.

Durante la extensa indagatoria, Díaz Lacava negó la acusación de maltrato y hotigamiento laboral sobre secretarios y empleados de ese lugar, y atribuyó la denuncia en su contra a un complot para sacarlo del cargo.

Si bien no trascendieron demasiado detalles, es evidente que el magistrado dio rienda suelta a su verborragia y tuvo oportunidad de explayarse a gusto. Intentó enmarcar la denuncia en una situación de conflicto porque los empleados no respondían a las exigencias y ritmo de trabajo.

El magistrado había logrado postergar la indagatoria cuando planteó una recusación del juez Baric. Sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca la rechazó el pasado 3 de mayo. 

La medida de indagatoria la habían solicitado en su momento el fiscal general Horacio Azzolín y la fiscal federal Iara Silvestre, y también el defensor oficial de víctimas, Martín García Ongaro, en representación de los denunciantes.

En la causa colaboraron la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La denuncia de los tres secretarios se hizo en abril del año pasado. "Vivíamos un infierno", sintetizaron los tres denunciantes.

El escrito original llegó acompañado por una nota de los otros dos jueces del TOF, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes respaldaron la denuncia. Diez días antes se habían reunido con el juez para reclamarle que cesara en sus actitudes, pero, aparentemente, no hubo eco.

La investigación contra Díaz Lacava avanzó lentamente durante el año pasado. En forma paralela, también se abrió una investigación en el Consejo de la Magistratura para determinar si existieron irregularidades que hagan necesaria su destitución.

A fines de junio de este año, el presidente de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, tomó declaraciones a testigos en Santa Rosa. Entre ellos, los denunciantes.

Por su parte, el abogado defensor del juez en ese trámite, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, le dijo a El Diario que "ha quedado muy claro que Díaz Lacava no es un funcionario corrupto, no es un acosador, no es un abusador y lo que se ha suscitado es un conflicto de naturaleza laboral".

"Es un conflicto de diferencias entre un juez que es exigente y personas que se han sentido afectadas por la exigencia", añadió.

Para el abogado, la ronda de testigos que declararon favorecieron al juez. "Esto ha quedado muy claro por las declaraciones testimoniales a favor del doctor Diaz Lacava, de empleados con muchos años en el tribunal, destacando que es una persona correcta, que se preocupa por el personal, muy formada y es una persona exigente", aseveró.

Además, intentó minimizar las acusaciones en que se trató de "un conflicto laboral cierto, pero que se tendría que haber solucionado por otras vías y no a través de una causa penal que tiene serias irregularidades. Hay muchas personas que no han sido citadas como testigos y que ahora fueron a declarar. Hay dictada una medida cautelar que fue morigerada por la Cámara Federal, que en principio le impedía al juez ejercer y esto solo se le permite al Consejo de la Magistratura de suspender a un juez".