La seccional Río Negro de ATE decidió adherirse al paro de 24 horas lanzado a nivel nacional por el sindicato para el próximo 5 de diciembre. Adelantó que se prevén movilizaciones sobre las rutas, asambleas y radios abiertas. Y no descartó sumar medidas de fuerzas en los días previos.
La acción -informó el gremio- tiene lugar tras la falta de propuesta salarial del Gobierno provincial en la última reunión paritaria, dónde el Ejecutivo decidió congelar por segundo mes consecutivo el salario del personal público con un aumento en noviembre del 0%, que «vuelve a dejar a miles de estatales con sueldos bajo la línea de pobreza y pone un freno a la recuperación de salarios generado gran malestar».
En consecuencia, el sindicato exige una nueva convocatoria paritaria con una oferta que compense el poder de compra de los ingresos en el sector público.
«Los estatales no vamos a ser testigos pasivos de cómo el gobierno pretende destruir nuestros salarios. Vamos a defender nuestros sueldos con huelga y movilización. Para que haya paz social se necesita una nueva convocatoria a paritarias y un ofrecimiento que permita compensar lo que estamos perdiendo en el último trimestre», señaló Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE Río Negro.
Y agregó: «La excusa de que los salarios aumentaron por encima de la inflación es falsa. Los voceros del gobierno no dicen que la luz, el agua, el gas aumentaron más del 400% o que los alquileres se fueron por las nubes. Estos rubros ocupan una porción cada vez mayor de los ingresos de los trabajadores».
Por su parte, Leticia Lapalma, secretaria general adjunta de ATE Río Negro, indicó: «Los esfuerzos sobrehumanos que están realizando los trabajadores para sostener el funcionamiento del Estado no se corresponden con el destrato del gobierno. El poder ejecutivo debe abandonar las amenazas de descuentos y despidos y brindar las respuestas que necesitan nuestros justos reclamos».
A nivel nacional el gremio también rechaza el recorte salarial del Gobierno, la escalada de violencia y los exámenes de idoneidad ilegales que pretenden tomar en la Administración Pública, entre otros puntos.
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