El Gobierno anunció que Gendarmería, Prefectura y la PSA serán representantes ante Interpol

A través de la modificación de un decreto de 1962, la administración libertaria incluyó a las fuerzas como miembros activos de la OIPC.

El Gobierno Nacional anunció la incorporación de nuevas fuerzas de seguridad a la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC), conocida como Interpol. A la ya establecida Policía Federal se sumaron la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. 

A través de la modificación del Decreto N° 684/6 del 2 de enero de 1962, contemplado en el Decreto 27/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad consideró "oportuna y necesaria" la inclusión y participación como miembros activos de las fuerzas "en virtud de la transversalidad con la cual la problemática delictiva afecta a la sociedad e instituciones argentinas". 

Según detalla la letra que lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Policía Federal encabezará la representación de las fuerzas federales ante la Interpol, pero cada fuerza deberá designar un representante en la sede la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de la Policía Criminal.

La cartera que lidera Bullrich está habilitada a dictar normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación de los cambios establecidos por el decreto y dará conocimiento a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. 

La medida fue anunciada horas después de que la ministra de Seguridad notificara la detención de un hombre vinculado al Estado Islámico que "intentaba reclutar a jóvenes argentinos".

"Es un terrorista vinculado a Daesh, a Estado Islámico. Este terrorista representaba una amenaza concreta contra la seguridad nacional", sostuvo la funcionaria en una conferencia de prensa en la sede de su cartera.

El detenido fue identificado como David Nazareno Ávila y su captura se produjo el jueves último en la ciudad rionegrina de General Roca por parte de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, tras una investigación que demandó nueve meses.