La paralización de las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz acumula catorce meses y no hay fecha concreta para retomar las labores que se frenaron en noviembre del 2023 con más de tres mil puestos de trabajo activos.
Desde ese momento hasta hoy se lleva adelante el diálogo entre Energía Argentina S.A (ENARSA) y la UTE Represas Patagonia con el objetivo de “readecuar las condiciones contractuales” que generen las condiciones adecuadas para que la obra pública más grande de Argentina retome la marcha.
Fuentes que conocen las negociaciones precisaron que “sin bien continúan las reuniones, la empresa estatal nacional no da muestras de celeridad por resolver aspectos contractuales”
¿Qué negocian?
Para retomar las obras y generar energía limpia para el país en el actual escenario de transición energética, las partes deben ordenar aspectos claves que vienen de arrastre en los últimos años como “actualización de ítems económicos, técnicos y comerciales que están pendientes de resolución desde la gestión anterior”, “redeterminaciones de precios que acompañen adecuadamente la evolución de la inflación histórica y futura”, el impacto de la pandemia en el contrato”. Además de falta de pago de certificados de obra desde hace más de un año.
“Ninguna empresa firmaría una adenda sin la resolución de esos temas que ya llevan más de 14 meses de conversaciones“, señalaron las fuentes del sector que miran con preocupación la paralización de una obra que ayudaría en el futuro a disminuir las urgencias del sistema energético argentino.
Si bien, las auditorias correspondientes de las documentación respaldatoria para la firma de la adenda al contrato fue realizada por administraciones anteriores de la estatal ENARSA, desde diciembre del 2024 y hasta la fecha, las distintas autoridades de la empresa energética nacional “no resolvieron la situación y no hay certeza de cuándo lograrán un acuerdo que permita la reanudación de las tareas”.
Otros aspectos a resolver es que Argentina no cuenta con fondos del crédito chino, que se terminaron en noviembre del 2023, para pagar los futuros certificados y tampoco hay un pedido formal de desembolso. Es decir que el Gobierno debe avanzar en este trámite ante China por una suma superior a los USD 700 millones. En ocasiones anteriores el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de transferir dinero al fideicomiso de obras hídricas para pagar los certificados de las obras, luego el país recuperaba el dinero con la llegada del crédito chino. Pero hoy esa alternativa no existe por la definición del Gobierno nacional de paralizar la obra pública.
Otro de los aspectos que juega en el escenario actual es que ENARSA es una de las compañías que la administración de Javier Milei quiere privatizar. Al tratarse de aspectos soberanos un privado no puede quedarse con la mega obra, una alternativa en tal caso será pasarla a otro organismo que pueda gestionarla de manera correcta.
Una vez resuelta la trabada negociación entre ENARSA y la UTE será el momento de firmar la Adenda XII del contrato de obra. Esa rúbrica marcará que el debate actual fue fructífero.
En este escenario, en las bases de las represas la UTE sostiene una nómina mínima de personal -entre 180 y 200- que perciben sus salarios de forma regular- para mantener las obras y garantizar la seguridad. En caso de ser necesario, avanzarán además en las tereas que conduzcan a la reanudación de los labores. En noviembre del 2023, cuando se paralizaron las obras, había tres mil personas en la nómina laboral.
Mientras tanto, UOCRA y la Provincia de Santa Cruz mantienen el compás de espera y reclaman la pronta reactivación del proyecto hidroeléctrico.
Te puede interesar
Lo más visto
