Este martes 4 de febrero, a las 11 de la mañana, el expresidente Alberto Fernández deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de una causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez.
Alberto Fernández está acusado por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud y por coacciones. El exmandatario fue citado por orden del juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Ramiro González, quien investigó el caso.
En noviembre pasado, Fernández declaró en una causa vinculada a Seguros y manifestó dudas sobre la imparcialidad del magistrado. También intentó sin éxito recusar al fiscal Ramiro González, argumentando una supuesta falta de objetividad.
“La absoluta pérdida de confianza en quien representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso, y en el criterio con que desarrolla su actividad en el mismo”, dijo su abogada, Silvina Carreira, en aquel momento.
Pese a estos intentos, la citación para la indagatoria se mantiene firme. Alberto Fernández llega imputado por “violencia psicológica contra Yáñez, bajo las formas de hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
En el marco de la denuncia, la Justicia dictó una prohibición de contacto entre Yáñez y Fernández. La medida, dispuesta por el juez Christian Brandoni, establece que durante 90 días ambos deberán evitar cualquier tipo de comunicación, ya sea directa o por intermedio de terceros. La única excepción permitida es por asuntos relacionados con la patria potestad de su hijo en común, Francisco Fernández.
“Deberán abstenerse de difundir sobre el contenido de la presente causa y/o sobre cualquier cuestión respecto a su hijo menor de edad, ya sea en forma directa, indirecta, por interpósita persona”, resolvió el juez.
La denuncia señala episodios de violencia de género que Fabiola Yáñez habría sufrido durante la relación. Por su parte, Fernández presentó reclamos judiciales vinculados a supuestos hostigamientos e incluyen reclamos sobre la custodia de su hijo.
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