Nueva reforma migratoria: extranjeros no residentes pagarán por servicios públicos y enfrentarán mayores restricciones

Desde esta madrugada rige en la Argentina una nueva reforma migratoria que modifica de manera importante el régimen de ingreso, permanencia y expulsión de personas extranjeras. La medida, publicada en el Boletín Oficial como decreto 366/2025, incorpora novedades en el acceso a servicios como salud y educación pública.

La reforma migratoria, impulsada por el Gobierno nacional, establece que los inmigrantes seguirán accediendo a derechos sociales básicos como justicia, empleo y seguridad social. Sin embargo, a partir de ahora ese acceso estará condicionado por la categoría migratoria de cada persona: residente permanente, temporario o transitorio.

En materia educativa, la nueva normativa garantiza el acceso a los niveles inicial, primario y secundario para todos los extranjeros, incluso aquellos que estén en situación migratoria irregular. Pero cambia para la educación superior, donde las universidades estatales podrán cobrar una tarifa por sus servicios, aunque se aclara que seguirá habiendo posibilidades de obtener becas de distintos organismos.

Otro de los puntos clave de esta reforma migratoria tiene que ver con la salud pública. A partir de ahora, los residentes temporarios deberán contar con un seguro médico como condición para ingresar y permanecer en el país. No contar con esta cobertura podría incluso ser causal de rechazo en la frontera. Sin embargo, se establece que en situaciones de emergencia, nadie podrá ser privado de atención médica, sin importar su estatus migratorio.

“En casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”, afirman en el nuevo artículo 8 de la Ley de Migraciones N° 25.871, remarcando que la medida afectará exclusivamente a los tratamientos médicos y la atención sanitaria de consulta.

En cuanto a la naturalización, quienes deseen convertirse en ciudadanos argentinos deberán acreditar dos años de residencia continua. Además, quienes hayan realizado inversiones relevantes en el país podrán postularse, aunque será el Ministerio de Economía el que decida si esas inversiones califican.

La reforma también endurece los criterios para ingresar al país. Se exigirán declaraciones juradas, seguro de salud y la inexistencia de antecedentes penales graves. La Dirección Nacional de Migraciones podrá negar el ingreso si detecta inconsistencias en los documentos o si la persona figura en listas de restricción.

En casos de delitos cometidos en la Argentina o en el exterior, incluso aquellos que ya cuenten con residencia permanente podrán ser expulsados y perder su estatus. También será motivo de deportación no cumplir con los controles migratorios, ingresar por pasos no habilitados o permanecer en el país más tiempo del permitido.