La Fiscalía en Brasil ha demandado que se condene al exmandatario Jair Bolsonaro por delitos graves, incluyendo el intento de un golpe de Estado, relacionado con los eventos ocurridos tras su derrota en las elecciones de 2022. Esta acusación incluye también a siete de sus colaboradores más cercanos y será sometida a revisión por el Supremo Tribunal Federal, el cual se encargará de tomar la decisión judicial sobre el caso.
De acuerdo con el fiscal general, los acusados habrían diseñado e intentado poner en marcha un plan que buscaba evitar que el presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva asumiera el cargo, el cual comenzó en enero de 2023, después de no conseguir la reelección por parte del político paulista. Parte de este supuesto plan abarcaba movilizaciones ante cuarteles, presión en las instituciones y acciones para desestabilizar, lo que fue considerado como una amenaza directa al sistema democrático y quedó ligado el propio Jair Bolsonaro.
El exmandatario brasileño, por su parte, rechaza enfáticamente todas las acusaciones. Desde el comienzo del proceso legal, sostiene que es víctima de una persecución política fomentada por sectores cercanos al gobierno actual. Ante la Corte Suprema, incluso admitió haber considerado “un mecanismo constitucional” para impedir la toma de posesión de Lula, aunque aseguró que no había llevado a cabo ninguna medida efectiva.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, un sólido aliado ideológico de Jair Bolsonaro, manifestó su respaldo al exlíder brasileño y calificó el juicio como “una cacería de brujas judicial”. Además, anunció un aumento del 50 % en los impuestos sobre las importaciones brasileñas a partir del 31 de agosto, como forma de presión comercial. Al mismo tiempo, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien está a cargo del caso, ha recibido críticas desde Washington por sus decisiones en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.
Esto es un nuevo episodio oscuro detrás de la historia de Brasil y sus presidentes. No hay que olvidar que, antes que se de este escándalo, Lula da Silva había sido detenido por presuntos delitos y, posteriormente, puesto en libertad. Eso quiere decir que el miembro del Partido Liberal podría ser el próximo detenido tras ser la máxima autoridad del Poder Ejecutivo brasileño.
Bolsonaro fue presidente pro tempore del Mercosur justo después de Macri y Alberto Fernández.
Jair Bolsonaro y una condena de más de 40 años
El gran problema al que se enfrenta Bolsonaro incluye penas que podrían ir hasta los 43 años de prisión. Si bien no se especificaron los cargos oficialmente, CNN Brasil afirma que esto incluye organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático, tentativa de golpe de Estado, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio.
De todos modos, posteriormente será el turno de que el exmandatario se defienda y explique su versión de todo lo que ocurrió en enero de 2023 cuando iba a asumir Lula da Silva.
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