Neuquén: Estafa con planes sociales: una "arrepentida" dio detalles de las maniobras y complicó a los acusados

En la séptima jornada del juicio por las estafas con planes sociales, llegó el turno de los “arrepentidos”. En esta oportunidad una mujer comprometió a la mayoría de los imputados en la causa y aportó algunos detalles del destino del dinero recaudado en las extracciones. Al igual que otros testigos, la mujer brindó información que pone al descubierto que las maniobras comenzaron antes del periodo investigado.

La mujer, de 32 años y con un pasado de vulnerabilidad que la llevó a depender de la asistencia social, para luego ser empleada precarizada del Estado, corroboró la existencia del esquema fraudulento. Identificó a Ricardo Soiza, Pablo Sanz y Néstor Osuna como los principales actores a la hora de tomar decisiones y aseguró desconocer su había personas más arriba.  

Describió cómo recibía hasta 13 tarjetas de débito por mes, con sus respectivos PIN, para retirar la totalidad del dinero, que luego era entregado en una oficina de calle Rivadavia donde funcionaba el área de planes sociales y guardado en una caja azul. De acuerdo a los dichos de la testigo, los fondos eran distribuidos entre referentes del MPN. También hizo referencia a la gestión de planillas de "voto seguro" y la emisión de cheques con firmas “truchas” que eran endosados  para que personal del Ministerio Desarrollo Social pueda cobrarlos.

De acuerdo a los dichos de la “arrepentida”, la emisión de cheques comenzó antes de pandemia, aunque no se profundizó en este punto porque la causa de planes sociales que se juzga solo abarca el periodo 2020-2022. Como ocurrió en la primera semana, el nombre de Luciano Palma, hombre cercano al intendente capitalino, Mariano Gaido, volvió a sonar en la sala. “Tomás Siegenthaler le avisó a Palma sobre la investigación y Palma avisó que no vayan más a los cajeros”, afirmó.  

La jornada comenzó con la declaración de una empleada de la administración pública que se desempeñó en la Dirección General de Planes Sociales. La mujer relató que en el 2019 hubo cheques a su nombre, pero aclaró que ella nunca había pedido un plan social. Reconoció que entre la época de pandemia cobró y endosó cheques.

Teoría del caso
La fiscalía  sostiene que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados de la provincia integraron una asociación ilícita que se apropió de $153.377.900 (más de mil millones en la actualidad). Realizaron 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de planes sociales.

Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera, son señaldos como los líderes de la asociación ilícita.