El Gobierno exigió la inmediata detención del dueño del laboratorio de fentanilo: qué respondió el Juez

El Gobierno nacional volvió a poner el foco en la causa por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado y pidió al juez Ernesto Kreplak la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB, señalado como responsable de distribuir las ampollas con la sustancia letal. El planteo oficial sostiene que si el magistrado, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, no avanza con la medida, lo recusarán por presunto conflicto de intereses.

Desde Casa Rosada remarcaron que todas las dosis de fentanilo adulterado fueron retiradas del mercado, buscando llevar tranquilidad a la población. Sin embargo, insistieron en que irán “hasta las últimas consecuencias”. El mensaje oficial, difundido a través de la Vocería de Presidencia, llegó horas después de que el presidente Javier Milei, durante un acto en La Plata, mencionara el caso y cuestionara el vínculo familiar entre el juez y el funcionario bonaerense.

"Actualmente, el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak", remarcaron en un mensaje difundido en la red social X de la Vocería de Presidencia.

Según el Gobierno, Ariel García Furfaro pasó de tener una verdulería a manejar un laboratorio farmacéutico multimillonario, con ventas al Estado y presuntas conexiones políticas. HLB Pharma, su firma, no era inspeccionada por la ANMAT desde 2020, hasta que en 2024 se ordenó una revisión que derivó en la clausura de su planta de Ramallo en febrero de 2025, meses antes de las primeras muertes por el fentanilo contaminado.

Mientras tanto, el juez Kreplak respondió a las acusaciones recordando que el Poder Ejecutivo no puede interferir en causas judiciales en curso. También defendió el trabajo de la investigación y pidió evitar la politización del caso, destacando la necesidad de respeto hacia las víctimas.