El Gobierno Nacional denunció que grabaron conversaciones privadas de Karina Milei

El escándalo político que sacude al oficialismo sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno Nacional denunciara ante la Justicia Federal una presunta operación de inteligencia destinada a desestabilizar el país en plena campaña electoral. La presentación judicial se conoció tras la difusión de grabaciones ilegales que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que se trata de "una maniobra golpista" con fines políticos y no de una filtración aislada, por lo que el Estado está con la guardia alta. En los audios publicados por el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval, se escucha a Karina Milei hablando de su rutina laboral dentro de la Casa Rosada, sin referencias incriminatorias ni vinculadas a las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, siendo totalmente vulnerada la seguridad del Gobierno Nacional.

Sin embargo, para el oficialismo, lo grave no es el contenido, sino el hecho de que se hayan realizado grabaciones clandestinas contra una de las principales figuras del entorno presidencial. "Es un mensaje mafioso. Lo que buscan es sembrar paranoia y dividirnos", expresó una fuente gubernamental a Infobae.

 Afirman que buscan desestabilizar a Javier Milei y sus funcionarios.
La magnitud de la situación llevó a que se realizara una reunión de urgencia en la Casa Rosada con la presencia de Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola. Horas después, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich formalizó una denuncia penal a través de su Dirección Nacional de Normativa.

En la presentación, el Gobierno Nacional advierte que la maniobra busca influir en la percepción ciudadana, desinformar y generar un clima adverso de cara a las elecciones legislativas de septiembre y octubre. "Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política travestida de libertad de prensa", señala el escrito, en el que además se pide como medida cautelar la prohibición de difundir los audios y cualquier otro material obtenido de manera ilícita.