¿El Poder Judicial de Río Negro mide con la misma vara a todos los jueces y funcionarios que registran atrasos en el cumplimiento de sus funciones? Esa es la pregunta principal que quedó planteada luego de las dos jornadas del juicio político al camarista laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayén.
El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción anunciará la sentencia el viernes próximo, luego de que hoy se escucharan los alegatos, en el marco de un controvertido proceso iniciado por la denuncia de abogados de la capital rionegrina, informó el sitio Literal.
“Un juez independiente”
El defensor del juez, Fernando Chironi, sostuvo en una entrevista con el programa Mañana de Noticias, en CNN Radio Roca, que el expediente llegó al punto extremo por el deliberado interés de un grupo de profesionales de desplazar a un magistrado que trabaja con independencia desde hace décadas.
Esa mirada fue complementada con la percepción de que Guerra Labayén no es bien visto por integrantes del propio Superior Tribunal de Justicia y que por eso enfrenta el riesgo de destitución, ante una situación que no es tan inusual en los tribunales provinciales.
Los argumentos del Procurador General
Lejos de esa postura de la defensa, el Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, requirió al Consejo de la Magistratura la destitución del juez, por considerar que quedó demostrado que incurrió en mal desempeño de sus funciones.
En su alegato, el titular del Ministerio Público se explayó en relación a las consecuencias de los retrasos endilgados que –destacó- fueron reconocidos tanto por el magistrado como por su abogado defensor. Enfatizó en los perjuicios que ello trajo aparejado especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad que esperaban respuestas a reclamos laborales.
En relación al aludido reconocimiento de los hechos por parte del acusado dijo que “la gravedad del proceso” hacía necesario que los mismos «se corroboraran además con prueba independiente. La evidencia recabada durante los meses de investigación, sumada a los testimonios, fue construyendo una ratificación por fuera de aquel reconocimiento”.
“Detrás de esos legajos hay personas”
“Diferentes auditorías del Poder Judicial realizadas a la Cámara laboral en los años 2022 y 2023 detectaron expedientes con plazos vencidos», y se acreditaron además demoras en los años 2018 y 2019. Si bien se concentró en el período de la acusación, destacó que esta situación sirve de antecedente “y se mantuvo hasta sumar las 25 causas que integran el primer hecho de esta requisitoria”.
Leyó entonces cada una de las carátulas de dichos expedientes enfatizando: “No se trata de simples números: detrás de esos legajos hay personas que estaban esperando resolver su situación”.
“Se trata de juicios laborales, que generan gran expectativa y mientras esos expedientes permanecían en el despacho del juez, había personas en la calle que sufrían esperando que la Justicia resolviera su conflicto. Esto reviste una enorme seriedad. Ningún integrante del Poder Judicial puede justificar atrasos: tenemos plazos, medios, condiciones de trabajo y una remuneración adecuada para cumplir en tiempo y forma. La función judicial consiste en brindar un servicio para resolver conflictos, y debe hacerlo en tiempo oportuno, porque de lo contrario no cumple su rol”, destacó Crespo.
Al introducir el segundo hecho expresó que “incluso si no se hubiesen presentado las denuncias de los ocho abogados, bastaban las demoras para configurar la causal” y finalizó destacando que la mora implica también un descrédito al Poder Judicial que «también debe ser mensurable».
La postura de la defensa
Por su parte, Chironi, planteó como primera disidencia que existía sólo un hecho imputable, que es el atraso en dictar sentencia definitiva en 25 expedientes. Dijo que “el mero atraso puede configurar causal de mal desempeño” y que “existen variables en las sanciones posibles”.
“Corresponde al Consejo definir si aplica la pena máxima que solicitó el Procurador General o la gradúa conforme distintos parámetros”.
Luego de reconocer los retrasos detectados por las auditorías, el defensor sostuvo que el jury debía servir para incorporar prueba que permita valorar posibles atenuantes. Mencionó, a modo de ejemplo, atrasos registrados en diversas Cámaras Laborales de la provincia y recordó que el propio Poder Judicial había prometido un plan de regularización poco antes de que se presentara el planteo de los ocho abogados, quienes -dijo- “tenían la intención manifiesta de apartar a Guerra Labayen de sus causas”.
El legajo del camarista
Chironi destacó además que el magistrado nunca tuvo apercibimientos ni sanciones en 30 años de servicio, que sus sentencias presentan una baja revocabilidad y que cuando fue suspendido ya había resuelto la totalidad de sus causas pendientes. Cuestionó, en ese marco, que no se haya garantizado el principio de igualdad ante la ley, y concluyó que de considerarse acreditada una falta, la sanción debería ser menor.
El magistrado hizo uso de la palabra final y el veredicto se conocerá el próximo viernes a las 12, en una audiencia que se realizará a través del sistema Zoom.
Informe: Literal.ar
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