Administración pública: el Gobierno endurece los controles previos para aprobar retiros voluntarios

El Gobierno nacional estableció nuevos controles previos para autorizar retiros voluntarios en la administración pública, una medida que busca ordenar el uso de estos mecanismos en medio del ajuste del gasto estatal. Según la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, los organismos que deseen implementar retiros voluntarios deberán obtener la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y de la Secretaría de Hacienda. La decisión impacta a todos los empleados de la administración pública nacional, tanto de planta permanente como contratados.

La disposición alcanza a ministerios, entes descentralizados y empresas donde el Estado tenga mayoría accionaria. En todos los casos, las autoridades deberán presentar un informe técnico detallado con la justificación del plan, la cantidad de personal afectado, las condiciones de adhesión, el esquema de pagos y la certificación de suficiencia presupuestaria. Solo con el aval de ambas áreas el retiro podrá aplicarse.

El texto, firmado por Maximiliano Fariña (Transformación del Estado) y Carlos Guberman (Hacienda), establece además que cada caso aprobado deberá ser notificado formalmente a las direcciones nacionales de Empleo Público y de Inversión en Capital Humano. Así, el Gobierno busca centralizar la información y controlar los costos asociados a los retiros voluntarios.

La medida se enmarca en una política más amplia de reducción del empleo estatal impulsada por el presidente Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración libertaria eliminó más de 53.000 puestos públicos a través de finalización de contratos, programas de desvinculación y ajuste salarial.

Según datos oficiales, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos cayó más de 14 % entre noviembre de 2023 y junio de 2025, lo que ha llevado a muchos empleados a aceptar estos planes de salida como una alternativa ante el deterioro de sus ingresos. Con la nueva resolución, el Ejecutivo busca frenar la discrecionalidad en la aplicación de retiros voluntarios y garantizar que cada caso esté justificado y presupuestado antes de ser aprobado.