La Fiscalía de Estado denunció a OSEF por el uso irregular de $937 millones de un fondo específico

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego denunció penalmente a autoridades de OSEF por el uso presuntamente irregular de fondos específicos destinados a enfermedades de alto requerimiento. La decisión surge del Dictamen F.E. Nº 05/26, que concluye que existieron maniobras incompatibles con el destino legal de esos recursos y ordena radicar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. 

El eje del caso es la transferencia de $937.119.449,74 desde el fondo creado por la Ley 1596 para cubrir tratamientos de alto costo hacia la cuenta general “Recaudadora y Pagadora” de la obra social. Para la Fiscalía, ese movimiento habría implicado trasladar dinero de un fondo de uso restringido hacia una cuenta de pagos generales, sin que se acredite su aplicación a la finalidad original. 

El dictamen es claro: los fondos de afectación específica no pueden ser modificados por decisiones administrativas. En ese marco, sostiene que la operación afecta el objetivo previsto por la ley y desfinancia el fin para el cual fue creado el fondo. 

Además, advierte que no se explica qué gastos concretos se financiaron con ese dinero. La cuenta a la que se transfirieron los recursos es la utilizada para pagar proveedores, servicios y otras obligaciones corrientes, por lo que, según el dictamen, los fondos habrían quedado integrados al circuito general de pagos de OSEF. 

Otro dato relevante es que la Contaduría General de la obra social dejó constancia de que no intervino en la elaboración de la resolución que dispuso la transferencia. También señaló que los problemas del sistema no responden sólo a una falta de fondos, sino a fallas estructurales de gestión y planificación. 

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que los hechos podrían configurar, en una primera aproximación, el delito de malversación de caudales públicos, al haberse dado a los fondos un destino distinto del previsto por la ley. También menciona posibles responsabilidades por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. 

La resolución final ordena denunciar los hechos ante la Justicia penal y notificar al Gobernador, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas. Con esto, el caso deja de ser sólo administrativo y pasa a investigarse en sede judicial.