La Asociación de Magistrados y el gremio judicial denunciaron presión institucional sobre la jueza Electoral
Tierra del Fuego15/05/2026
Redacción P24
La Unión de Empleados de la Justicia de Nación (UEJN) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMyF) han respondido enérgicamente al gobierno de Gustavo Melella, denunciando un grave avance institucional contra la independencia judicial. Esta declaración se produce tras las críticas del jefe de Gabinete, Jorge Canals, hacia la jueza electoral Mariel Zanini.
El comunicado, titulado “Sin independencia judicial no hay democracia posible,” fue emitido por la seccional Tierra del Fuego de la UEJN y refleja un contundente respaldo a la magistrada, quien está involucrada en la causa de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo provincial.
El texto advierte que las declaraciones de Canals “generan una profunda preocupación institucional” y aclara que, aunque las decisiones judiciales pueden ser debatidas legalmente, “lo que no puede naturalizarse es el agravio público, la descalificación política ni las insinuaciones sobre eventuales consecuencias dirigidas hacia una jueza.”
Las críticas se centran en los comentarios del jefe de Gabinete, quien acusó a Zanini de “trabar deliberadamente” el proceso constituyente y sugirió que debería “hacerse cargo de las consecuencias políticas” de sus decisiones. Aunque no se menciona directamente a Canals, el comunicado deja entrever una fuerte crítica al accionar del Ejecutivo, argumentando que sus expresiones “exceden ampliamente la legítima crítica jurídica.”
El documento resalta que las declaraciones provienen de “un integrante del Consejo de la Magistratura,” lo que lo convierte en un elemento especialmente delicado dentro del sistema institucional que regula el funcionamiento y control del Poder Judicial. Para las entidades firmantes, estas manifestaciones constituyen “una forma de presión institucional incompatible con el principio republicano de división de poderes.”
Además, el comunicado enfatiza que tales situaciones comprometen “la necesaria autonomía que debe resguardar el ejercicio de la función jurisdiccional,” convirtiéndose en una de las críticas más severas al gobierno provincial en el marco del conflicto por la reforma constitucional.
Este pronunciamiento surge en un contexto de creciente judicialización y tensión política en torno al proceso constituyente del oficialismo, especialmente después de que la Justicia Electoral decidiera suspender temporalmente el cronograma electoral debido a causas judiciales pendientes y a la incertidumbre jurídica provocada por la derogación de la ley de necesidad de reforma.
Con este pronunciamiento, sectores judiciales comienzan a unirse abiertamente en defensa de la independencia del Poder Judicial, encendiendo nuevas alarmas sobre el deterioro institucional que enfrenta actualmente Tierra del Fuego.
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