Para la ministra de Energía, "retrotraer las tarifas ponía en riesgo las prestaciones en toda la provincia"

Gabriela Castillo defendió el veto a la ley que prohibía los cortes por mora y congelaba los precios a valores de diciembre. Aseguró que la medida era "inviable" legal y financieramente, y que beneficiaba de igual manera a los sectores vulnerables y a los de alto poder adquisitivo.

La ministra de Energía de la provincia defendió firmemente el veto del Ejecutivo a la iniciativa legislativa que pretendía prohibir los cortes por mora en los servicios de agua, gas y electricidad, además de retrotraer las tarifas a los valores de diciembre pasado. Según la funcionaria, el proyecto era “inviable” desde el punto de vista financiero y legal, y advirtió que su aplicación "habría puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones en toda la provincia".

Castillo detalló que el principal obstáculo radica en que la Provincia no tiene margen para congelar de forma unilateral los valores, ya que gran parte del costo que pagan los usuarios está determinado por el Gobierno Nacional. De haber avanzado, la medida habría generado un severo desfinanciamiento del sistema local.

“De la factura que paga el vecino, el 60% está establecido por Nación, que fija el precio de la energía. Si la Provincia congelara sus tarifas, no tendría el dinero suficiente para pagarle a la Nación”, afirmó la ministra.

En este sentido, la funcionaria alertó que una decisión de ese calibre habría empujado tanto a la Cooperativa Eléctrica como a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a acumular deudas millonarias y enfrentar graves sanciones. Una situación similar describió para el caso del gas natural, un servicio cuyas tarifas son habilitadas por la Secretaría de Energía de la Nación y no por el Ejecutivo fueguino, por lo que retrotraer los precios habría desatado un conflicto legal inmediato con la administración central.

Un proyecto "inequitativo"

Otro de los argumentos centrales que fundamentaron el veto es la falta de segmentación de la propuesta legislativa. Para Castillo, el proyecto resultaba “inequitativo” porque otorgaba el mismo beneficio de congelamiento y prohibición de cortes a los sectores vulnerables que a los usuarios con alto poder adquisitivo.

"No es correcto subsidiar y evitar cortes a personas con alto poder adquisitivo al mismo tiempo que a familias vulnerables", argumentó, al tiempo que cuestionó que la normativa dejaba afuera de cualquier beneficio a los pequeños comerciantes y kioscos barriales.

Asistencia focalizada y situación del agua

Respecto al servicio de agua, la ministra buscó llevar tranquilidad a la población al aclarar que actualmente no se realizan interrupciones del suministro y que ya operan mecanismos de contención. “A nadie se le corta el agua y hay tarifa subsidiada para casos sociales”, remarcó, recordando además que recientemente finalizó una moratoria de seis meses que permitió regularizar deudas sin intereses.

Finalmente, Castillo ratificó que el Gobierno provincial mantendrá los canales de ayuda focalizada para los usuarios que realmente no puedan afrontar los pagos, apostando por salidas individuales en lugar de una norma generalizada. “Sepan los vecinos que las oficinas de la DPOSS y de la DPE están abiertas para que el vecino que necesita hacer una adecuación de pago tenga la posibilidad”, concluyó, insistiendo en que la prioridad oficial es proteger a las familias con dificultades económicas sin comprometer la estabilidad del sistema energético y sanitario provincial.