El Gobierno apelará el fallo contra la Ley 1529 y denuncia intencionalidad política en los plazos judiciales

El escenario político y jurídico de la provincia sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras conocerse la postura oficial del Poder Ejecutivo frente al fallo de la jueza de Primera Instancia, Dra. Cecilia Zanini, adverso a los intereses del Gobierno en relación con la Ley Provincial Nº 1529. La secretaria de Coordinación Legal y Técnica, Mariángeles Arroyo, confirmó de manera taxativa que la gestión provincial rechazará la sentencia mediante una apelación judicial y acusó a la magistrada de mover los hilos del expediente bajo una lógica estrictamente política y no jurídica.

En declaraciones radiales, la funcionaria provincial informó que el Gobierno fue oficialmente notificado de la resolución, lo que activó de forma inmediata el reloj procesal de la administración pública. “Estamos analizando el fallo y evaluando qué estrategia legal seguimos. Contamos con cinco días hábiles a partir de la notificación para presentar la apelación”, precisó Arroyo, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la batalla judicial.

La teoría de los "tiempos políticos"

El punto más crítico de las declaraciones de Arroyo radicó en el trasfondo que rodea la decisión de la jueza Zanini. Al ser consultada sobre si el Gobierno consideraba la sentencia como un "fallo político", la funcionaria trazó una astuta distinción entre la redacción formal de la sentencia y el comportamiento cronológico del juzgado.

Arroyo admitió que el texto de la magistrada cuida las formas técnicas y no contiene proclamas partidarias explícitas, pero aseguró que el calendario delibera otra realidad:

“Si ponemos atención a los tiempos, sí lo hace. Hace un mes que esta evaluación debería haberse hecho. Se consultó al Ministerio Público Fiscal, el organismo respondió las dos consultas que tenía la jueza y después demoramos diez días más en emitir ese fallo. Si no lo tiene escrito, sí en los tiempos en que ha sucedido, sin duda es político”.

La batalla técnica por los 210 días

Más allá de las suspicacias políticas, el nudo gordiano del conflicto judicial reside en una profunda discrepancia en la interpretación de los plazos procesales, específicamente en torno a un período de 210 días que forma parte de la controversia legal y técnica entre los poderes del Estado.

Según detalló la secretaria legal, la jueza Zanini fundamentó su resolución sosteniendo que dicho plazo de 210 días aún no ha comenzado a correr y, por ende, las condiciones no están cumplidas. El Poder Ejecutivo, sin embargo, defiende una lectura diametralmente opuesta. “Nosotros no estamos de acuerdo con esto; entendemos que el fallo quedó firme al momento de la denegación del Recurso Extraordinario Federal (REF), que es lo que dice el acto administrativo, y desde ese mismo día comenzamos a contar el plazo”, argumentó Arroyo de manera firme.

Cautela en la estrategia y final abierto

Pese a la insistencia periodística para conocer los detalles del escrito que presentarán los abogados del Estado, la funcionaria prefirió mantener las cartas ocultas y evitó adelantar los argumentos específicos que conformarán la estrategia recursiva. No obstante, ratificó el profundo desacuerdo oficial con la interpretación judicial que objeta la validez del acto administrativo provincial basándose en fallos previos del Superior Tribunal de Justicia.

Con las cartas echadas sobre la mesa y las notificaciones formales ya cursadas, el conflicto institucional ingresa en una fase de definiciones. La apelación del Ejecutivo provincial no solo elevará la discusión a una instancia judicial superior, sino que abre la puerta a un derrotero de presentaciones que, según analistas del sector, tiene altas probabilidades de escalar y terminar dirimiéndose en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.