Río Grande: La demanda de asistencia social trepó un 40% y el Municipio debe recortar el gasto secundario

Los fríos números de la macroeconomía nacional golpean con crudeza en el territorio. En los últimos meses, la demanda de asistencia social en Río Grande registró un violento incremento cercano al 40%, un porcentaje que expone de manera lineal el impacto del parate industrial, la desocupación y la inflación sobre el tejido social fueguino.

Así lo confirmó la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario del Municipio, Ivana Ybars, quien advirtió que el Palacio Municipal enfrenta una presión inédita por parte de vecinos que ya no acuden al Estado local por mejoras barriales, sino para cubrir las necesidades más elementales de la supervivencia diaria: comida, remedios, alquileres y servicios públicos.

"Las situaciones de fondo siguen siendo las mismas: alimentos, remedios, alquileres, boletas de luz o gas. Lo que ha crecido de manera exponencial es la cantidad de familias que necesitan este acompañamiento para no caer bajo la línea de indigencia", graficó la funcionaria en diálogo con FM La Isla.

El dato más alarmante que manejan las trabajadoras sociales del municipio no es solo el número frío, sino la mutación del perfil de quienes hacen fila en las oficinas públicas. Ybars reveló que cada vez son más las familias que por primera vez en su vida tocan las puertas del Estado para pedir una bolsa de alimentos o un subsidio.

"Aparecen situaciones que hasta hace poco eran poco frecuentes. Vecinos que siempre vivieron de su sueldo y que hoy llegan atravesados por profundos sentimientos de angustia, frustración y hasta vergüenza por tener que pedir ayuda", relató la secretaria.

El combo que integran la pérdida de puestos de trabajo en las plantas electrónicas y textiles, sumado a la licuación de los salarios de quienes aún conservan el empleo, disparó además una crisis habitacional silenciosa. Ante la imposibilidad de afrontar los leoninos costos de los alquileres en la isla, el municipio detectó un fuerte fenómeno de regresión familiar: inquilinos que rescinden sus contratos para mudarse nuevamente a la casa de padres o abuelitos, provocando situaciones de hacinamiento, tensiones internas y nuevos focos de conflicto de convivencia dentro de los hogares.

Con una recaudación propia en caída debido al mismo parate económico, el intendente Martín Perez se vio obligado a reconfigurar el presupuesto y aplicar una suerte de "economía de guerra". Los recursos ya no se administran con criterio de expansión, sino con extrema cautela y priorización absoluta.

Para sostener el frente social, el Municipio comenzó a podar y reducir al mínimo aquellas partidas y acciones consideradas secundarias o de fomento, concentrando toda la billetera local en los programas de asistencia alimentaria directa, el área de salud, el acompañamiento social de emergencia y la atención de casos de vulnerabilidad extrema.

Como parte de esta ingeniería de contingencia, el Ejecutivo local tuvo que tejer alianzas de urgencia y reforzar acuerdos con organizaciones comunitarias y programas de recuperación de alimentos para estirar la capacidad de respuesta y aceitar la logística de distribución en los barrios periféricos.

El fantasma del invierno

La preocupación oficial se potencia al mirar el calendario. Con las temperaturas invernales ya instaladas en la zona norte de la provincia, las autoridades anticipan que las necesidades vinculadas al abrigo, la alimentación calórica y, sobre todo, el consumo de servicios básicos (luz y gas) se van a disparar en las próximas semanas.

"Estamos atravesando una situación muy difícil; el escenario nos obliga a ser creativos y extremadamente responsables para estirar cada peso y llegar a quienes más lo necesitan", concluyó Ybars, sintetizando el dilema de una gestión local que debe hacer frente con recursos propios a la intemperie social que dejó la crisis nacional.