Reforma constitucional: Los partidos políticos fijan postura ante la apelación del Gobierno

La escena política y judicial de Tierra del Fuego vive horas decisivas. Luego de que el Juzgado Electoral Provincial declarara la nulidad del Decreto N° 751/26 —con el cual el Poder Ejecutivo convocaba a elecciones de convencionales constituyentes—, el Gobierno fueguino presentó formalmente su recurso de apelación. Ahora, el eje del debate se traslada a los alegatos y posturas de los diferentes partidos políticos de la provincia, quienes resultan actores clave para definir si la Justicia concede o rechaza el planteo oficialista.

La discusión central gira en torno a la validez de la convocatoria y los alcances institucionales de los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los argumentos del Ejecutivo bajo la lupa

El recurso interpuesto por el Ejecutivo provincial busca revertir la decisión de la jueza electoral Mariel Zanini. En sus principales líneas, la Provincia sostiene que la anulación del decreto genera una honda "incertidumbre institucional". Los argumentos oficiales se estructuran bajo dos premisas fundamentales:

• Sin efecto suspensivo: El Gobierno argumenta que la mera presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación no tiene el alcance legal de paralizar de forma automática un proceso electoral provincial en marcha.

• Jurisprudencia obligatoria: Aseguran que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego ya se había pronunciado con anterioridad, validando la Ley Provincial N° 1529 (que declaró la necesidad de la reforma parcial) y dejando sin efecto las medidas cautelares previas, por lo que entienden que no existían impedimentos vigentes al momento de firmar la convocatoria.

La definición y postura de los partidos políticos

El mapa de fuerzas en la provincia quedó nítidamente dividido. La Justicia analiza las presentaciones y alegatos de los apoderados, cuyas definiciones institucionales marcan el pulso de la controversia:

• FORJA (Fuerza Organizada Renovadora de Juventud Argentina): Es el partido político liderado por el gobernador Gustavo Melella y principal impulsor de la reforma constitucional. Sostienen una postura de defensa irrestricta de la convocatoria electoral. Desde este espacio argumentan que la actualización de la Carta Magna provincial es una necesidad histórica para modernizar las instituciones y ampliar derechos, calificando los fallos opositores como intentos de bloquear el derecho de la ciudadanía a participar en las urnas.

• Somos Fueguinos: Conducido por la dirigencia opositora (con figuras clave como Liliana "Chacha" Fidelio y Jorge Lechman), este espacio ha sido el principal denunciante y artífice de los frenos judiciales al proceso. Definen la reforma como "innecesaria, costosa y contraria a los intereses de la provincia", centrando sus alegatos en que el decreto del Ejecutivo nació nulo al desoír las instancias pendientes en la Corte Suprema de la Nación y forzar plazos legislativos caídos.

• Movimiento Popular Fueguino (MPF / MOPOF): Como partido histórico del territorio —y pieza clave en la redacción de la Constitución originaria de 1991—, el Movimiento ha adoptado una postura de fuerte rechazo técnico al avance de la reforma. Desde sus bancas legislativas y apoderías alegan que la sentencia que habilitaba el proceso no está firme debido a la queja pendiente ante la Corte Suprema, advirtiendo además que el llamado a constituyentes distrae la agenda pública de prioridades urgentes como la salud, la educación y el empleo en un contexto de crisis socioeconómica.

• Partido Justicialista (PJ): Como columna vertebral del frente oficialista pero con matices internos, el justicialismo fueguino acompaña formalmente la estrategia del Gobierno provincial. Sus alegatos se basan en el respeto al principio republicano y la soberanía popular, argumentando que una queja ante la Corte Nacional no puede paralizar de forma automática las decisiones institucionales autónomas de una provincia.

• Partido Provincia Grande: Fuerza local de base peronista estrechamente ligada a la gestión del municipio de Río Grande. Aunque mantiene canales de diálogo con el gobierno provincial dentro del peronismo, este espacio sostiene una mirada sumamente cautelosa y de preservación institucional. Sus alegatos técnicos enfatizan la necesidad de dar previsibilidad jurídica a la provincia y evitar que las tensiones del Ejecutivo desgasten los recursos municipales y el orden constitucional vigente.

• Frente Renovador: Alineado en términos generales con el armado de coalición provincial pero defendiendo su propia identidad programática, el Frente Renovador se pliega a los fundamentos que piden certezas electorales. Sostienen que, una vez sancionada una ley de necesidad de reforma por la Legislatura, los plazos judiciales no deben transformarse en herramientas de parálisis política que priven al electorado de dirimir la discusión en las urnas.

• Juntos por el Cambio / Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR): Las fuerzas que componen los bloques de la oposición tradicional coinciden en una postura de fuerte rechazo al avance del cronograma electoral. En sus presentaciones técnicas, definen las acciones del Ejecutivo como un "atropello institucional" que genera inseguridad jurídica, argumentando que avanzar con las elecciones en medio de semejante conflicto de poderes vulnera las garantías constitucionales de los fueguinos.

Un futuro de definiciones

Mientras los apoderados partidarios y los equipos legales terminan de fijar estas posiciones técnicas ante los estrados, la provincia aguarda una resolución que marcará el rumbo institucional del año. De concederse la apelación, el Gobierno lograría reoxigenar el llamado a las urnas; de lo contrario, el proceso de reforma constitucional quedará formalmente congelado a la espera de un pronunciamiento definitivo del Superior Tribunal o de la propia Corte Suprema.